Mientras Sánchez ejercía como anfitrión de los procónsules de la Cumbre de la OTAN celebradas en Madrid, en medio de la primera gran guerra caliente de la II Guerra Fría, su guardia pretoriana lanzaba una ofensiva en su permanente campaña para desactivar y ocupar las instituciones del Estado que limitan el ejercicio discrecional del poder gubernamental.

En este caso, el objetivo ha sido el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyo crimen de lesa majestad consiste en ofrecer unos datos de la economía nacional que no son los deseados por el Gobierno. En semana y media, el INE ha revisado a la baja el crecimiento del PIB del I Trimestre del año del 0,3% al 0,2% y ha adelantado una inflación en junio del 10,2%.  

La dimisión del Presidente del INE obedece a la tipología imperial romana. Tigelino-Calviño le ha dado la opción de suicidarse antes de ser ejecutado, lo que se ha concretado en el abandono por "causas personales" de su posición al frente de la agencia estadística del Estado.

La salida abre las puertas al nombramiento de un nuevo presidente cuya misión, no les quepa duda, será ofrecer a sus amos o, al menos, intentarlo una visión distópica sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas.

Esto implica la necesidad de purgar a los responsables de los departamentos y a los estadísticos del INE que no se acomoden a los designios gubernamentales. La presión sobre los técnicos va a ser brutal ante el acusado deterioro de la coyuntura en vísperas de una sucesión de procesos electorales y con un Gabinete cada vez más desesperado ante el deterioro de sus expectativas.

La potencial conversión del INE en una segunda edición del CIS del inefable Tezanos sería un hecho gravísimo

La potencial conversión del INE en una segunda edición del CIS del inefable Tezanos sería un hecho gravísimo. Si las estadísticas pierden credibilidad, desaparecería una información básica para las familias, para las empresas y para los mercados en el contexto de una grave crisis económica. Y, por supuesto, eliminaría la posibilidad de evaluar la gestión gubernamental.

Esto agudizaría la incertidumbre y haría desaparecer una brújula esencial para guiarse por un camino cuajado de riesgos, en muchos casos, imprevisibles.

Al tiempo se acentuaría la pérdida de confianza en España cuando, a todas luces, la política económica en curso desafía los principios básicos de cualquier manual de introducción a la ciencia lúgubre y está inmersa en una fuga hacia adelante cuyo único criterio es comprar votos para evitar el naufragio del Gobierno.

Desde esta perspectiva hay que apelar a  Eurostat, cuya vigilancia de las cifras macro españolas ha de ser muy estrecha de aquí al final de la legislatura. De hecho, recuerden, ya tuvo que corregir al alza los datos de déficit suministrados por el Gobierno en el ejercicio 2019.

Hay que apelar a Eurostat, cuya vigilancia de las cifras macro españolas ha de ser muy estrecha de aquí al final de la legislatura

Por su parte es esencial que los partidos de la oposición y los medios de comunicación ejerzan su función de control para evitar y, en su caso, denunciar cualquier irregularidad que pueda producirse. La tentación gubernamental de aderezar los datos ante la negativa evolución de la economía va a ser enorme y es preciso combatirla.

Desde ámbitos cercanos al Gobierno se ha lanzado y se promueve la idea de que la Contabilidad Nacional y el IPC no reflejan la realidad que, por supuesto, es mucho mejor que la arrojada por los datos del INE.

Quizá esto sea cierto, lo que resulta muy cuestionable, pero tanto una como otra estadística se elaboran conforme a los estándares europeos, ajustándose a lo establecido en la SEC 2010 en un caso y a los parámetros para confeccionar el Indice Armonizado de Precios al Consumo en el otro. Cualquier cambio de metodología en esos ámbitos sólo debe ser negociado y efectuado en el marco europeo.    

Por desgracia existen pocos motivos para confiar en que las intenciones del Gobierno sean velar por la pureza de las estadísticas. Hacerlo sería una ingenuidad y, para ser claros, nadie se lo cree.

El comportamiento de la coalición social-comunista desde el inicio de su mandato, agravado en los últimos tiempos, muestra una decidida vocación-tendencia a controlar y mediatizar la función de todas las instituciones independientes que limitan su capacidad de actuación y ponen de relieve los malos resultados de su administración.

Esta actitud muestra una concepción de la democracia con marcados tintes autoritarios que se acentúan a medida que el tiempo pasa, las elecciones se acercan y el temor del Gobierno a perder el poder se acrecienta.