En muchos casos, definido inicialmente el “beneficio antes de impuestos” (BAT, con T de tasas), las empresas reducen sus pagos a Hacienda acogiéndose a exenciones legales y reducciones del impuesto. El Estado se lo permite al realizar determinadas inversiones o actuaciones. A veces con amortizaciones aceleradas de los activos o con aportaciones a entidades sin ánimo de lucro, que permiten reducir la carga fiscal. Los asesores fiscales son especialistas en encontrar esos mecanismos y el Estado considera que es beneficioso para la sociedad y, pronto o tarde, para la propia Hacienda pública.

Las inversiones mejoran la productividad de las empresas y crean nuevos puestos de trabajo con salarios que pagan su IRPF y ayudan a sostener la Seguridad Social, pensiones incluidas. Las ayudas refuerzan la solidaridad social, promocionan la cultura, evitan gastos sociales públicos, ayudan a la sostenibilidad del medioambiente, etcétera.

Recaudar por recaudar lleva al absurdo. Por ejemplo, nuestra exportación está exenta de IVA porque es buena para el país. Trae ingresos de fuera, mejora la balanza de pagos, reduce el endeudamiento nacional, crea puestos de trabajo y, como otros países también exoneran de IVA su exportación, si España no lo hiciera nuestros productos serían un 21% más caros y el mercado internacional los expulsaría. Argentina sí grava su exportación agraria. ¿Nos gustaría tener esa Hacienda pública austral que no puede pagar sus deudas y aumenta la pobreza del país de año en año creando hiperinflación?

Además, ¿qué es el beneficio? En las empresas lo real es caja y bancos, la tesorería. Sirve para pagar deudas, proveedores y salarios, y asegura su supervivencia. El beneficio es una convención contable. Si acaso, se podría decir que el Ebitda (esas siglas crípticas) pueden representar la realidad de las operaciones porque es el beneficio antes de descontar intereses de las deudas, depreciaciones, amortizaciones e impuestos. Su cálculo también es discutible porque hay que analizar cómo se han periodificado determinados gastos, provisiones por insolvencia... En consecuencia, es complicado descubrir cuál es el beneficio sobre el que aplicar el impuesto.

Los partidarios de ese llamado 15% mínimo para España son demagogos o ignorantes económicos

Si la empresa pertenece a un conglomerado y hay transacciones entre sus componentes, ¿cuál es el precio que se aplica en ellas? Según se ponga uno u otro precio el beneficio estará en un lado u otro. Las multinacionales con sus precios de transferencia dejan el beneficio contable en la central o la filial. Evidentemente, donde la tasa fiscal sea menor.

Por tanto, decir que las empresas tienen que pagar el 15% mínimo en España es demagogia. Suena bien, pero no dice nada y puede ser peligroso para la economía.

Primero porque reduce esas actuaciones de empresas que el Estado considera que pueden ser útiles. Actuaciones que los responsables de las empresas realizan con más eficiencia. Cuando ese dinero pasa por el Estado, hay ineficiencia y coste burocrático.

Segundo porque los inversores internacionales tienen en cuenta la situación fiscal de los países. Irlanda ha hecho de su política fiscal, con una tasa inferior al 12,5%, un mecanismo de atracción de empresas, creación de puestos de trabajo cualificados y, a la larga, recaudación de impuestos. Si los altos directivos de esas empresas se sitúan en Dublín, allí pagan su IRPF, el IBI de sus viviendas y el IVA de sus importantes gastos locales. Anunciar a bombo y platillo que vamos a cobrar el 15% mínimo es ahuyentar inversores futuros, aunque luego no se aplique. ¿Por qué hacerlo?

Por último, las empresas son las personas que las componen. Éstas reciben sus ingresos de las operaciones mercantiles y productivas. En salarios o dividendos a corto plazo cuando cobran, y a medio y largo plazo por los puestos de trabajo creados por sus inversiones. Esos ingresos pagan su IRPF, su IVA y otros impuestos

El dinero de las empresas acaba en manos de los ciudadanos, que luego contribuirán a Hacienda. Se sabe que ese dinero en manos de las empresas y de los particulares es más eficiente que en manos del Estado. Hagamos que éste tenga el necesario, pero no más.

En conclusión, los partidarios de ese llamado 15% mínimo para España o son demagogos o ignorantes económicos. Tendría que hacerse un estudio muy concienzudo, exento de ideología, para demostrar que tienen razón y, aún así, seguro que tendría muchos fallos técnicos, porque nada es verdad en economía si va contra el sentido común.

Eso sí, si hay fraude: inspectores, juicios, multas y cárcel.

*** José Ramón Pin Arboledas es economista y profesor del IESE.