2021 no va a ser un año nuevo salvo en términos semánticos, sino una prolongación de 2020 en sus grandes líneas. Si bien cabe esperar una mejoría relativa respecto al annus horribilis que acaba de terminar, nada permite presagiar un retorno a un período de fuerte crecimiento, de creación de empleo y de corrección de los dos principales desequilibrios macroeconómicos: el déficit y la deuda pública.

España está inmersa en un escenario de expectativas limitadas, de pérdida de confianza en el futuro y con una generación perdida, la que se incorporó a la vida activa en 2008, que por vez primera desde 1953 vivirá peor que sus padres.

Lo lamentable de esta situación es que no resultaba ni resulta inevitable. Sin duda, la economía y la sociedad española han sufrido un durísimo golpe con la pandemia.

Es indudable que esto implicaba unos elevados costes a corto plazo, pero también lo es que con una política diferente, España hubiese absorbido con mayor rapidez esos shocks y hubiese salido de la crisis antes y con un crecimiento mucho más intenso del que se va a materializar a lo largo de esta legislatura.

Desde esta perspectiva, es importante, al comenzar el primer año de la segunda década del siglo XXI, plantearse qué podría y debería hacerse para restaurar las bases de la prosperidad.

La experiencia muestra una y otra vez que los períodos de la historia económica definidos por la apertura exterior, la disciplina macro y la introducción de competencia en los mercados se han traducido en crecimiento y generación de empleo.

Al contrario, los caracterizados por el aumento de los desequilibrios y por la expansión fiscal, presupuestaria y regulatoria del Estado en el mejor de los casos han inducido fases expansivas breves que siempre han terminado en crisis, por cierto, cada vez más largas y profundas. Esta descripción refleja de forma simplificada pero bastante clara lo acaecido desde la instauración de la democracia en 1977.

La experiencia demuestra que los períodos de disciplina macro y la introducción de competencia en los mercados se han traducido en crecimiento y generación de empleo

Durante 40 años, se ha producido un permanente tejer y destejer y, de manera muy marcada, desde 1996. Con sus defectos y sus virtudes, con sus insuficiencias, los avances hacia la configuración de una economía de mercado en una etapa se han visto sustituidos por retrocesos a favor del activismo gubernamental en la siguiente.

En España no ha existido hasta la fecha una estrategia continuada de modernización de su economía, sino un permanente stop and go cuya principal expresión es la incapacidad de estrechar su diferencial del PIB per capita con los países centrales de la UE, el mantenimiento de una tasa de paro escandalosa en los auges y en las recesiones y, de facto, el estancamiento de la variable que hace posible elevar el nivel de vida de un país: la productividad.

Los avances experimentados en las últimas tres décadas han sido gracias a factores externos -la incorporación al Mercado Común en 1986 y al euro en 2000- que han forzado a eliminar algunas de las múltiples restricciones que atenazaban la energía creadora de los individuos y de las empresas; gracias a medidas puntuales que han sido suprimidas o desnaturalizadas cuando la situación de emergencia que impulsó su introducción ha desaparecido.

En este contexto, sólo ha habido una constante: la paulatina e imparable extensión del Estado en sus vertientes tributarias, de gasto y de intervención en los mercados. El resultado es un paulatino debilitamiento del dinamismo propio de una economía capitalista.

En España no ha existido una estrategia de modernización de la economía, sino un permanente 'stop and go' cuya principal expresión es la incapacidad de estrechar el diferencial con los países centrales de la UE

El momento actual no es diferente salvo en un punto cualitativo esencial: España vive la apoteosis de la política estatista y la transformación de su estructura económica y, por ende, de su estructura social en un sistema colectivista sin parangón en los países democráticos-occidentales.

La coalición gubernamental está embarcada en un experimento de cambio de régimen que afecta también al económico. Para avanzar por esa senda, la actual crisis constituye una oportunidad de oro. La mala noticia es que esto se va a traducir en un dramático empobrecimiento de la ciudadanía y en un incremento de la distancia que nos separa de los países más prósperos de nuestro entorno. La buena es la insostenibilidad financiera de este modelo. Lo incierto es cuanto tiempo podrá durar este panorama agónico.

Estas reflexiones quizá parezcan anecdóticas y alejadas de la urgente realidad, pero eso no es cierto. Son las ideas y los principios, los que inciden de manera directa en la forma de ver el mundo de los ciudadanos y, por tanto, los que determinan en última instancia la gestión de los gobiernos en una democracia.

Quizá de manera inconsciente, España vive los estertores de un modelo agotado e inviable y ese es un motivo para la esperanza. Esta es quizá la lección más importante que cabrá extraer de esta crisis y tal vez constituya un antídoto para dos cosas: primera, para que quien haya de suceder a este Gobierno no vuelva a ser el taller de reparaciones del socialismo; segunda, para que los españoles sean conscientes de los costes que supone la gestión de una izquierda radical.

El Estado no es la solución, sino la causa de gran parte de los males que nos afligen

En esta hora de España, hay que elevarse por encima de los avatares de la coyuntura y ser capaces de comprender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en el ámbito de la economía.

Es vital darse cuenta de que el Estado no es la solución, sino la causa de gran parte de los males que nos afligen y que tener en cuenta esta idea elemental es básico para no incurrir en los errores crónicos que se han cometido y siguen cometiéndose.

La recuperación de la economía española sólo se podrá consolidar con un Estado más pequeño, con impuestos y gasto público más bajos, con mercados libres y competitivos, que garantiza la ley y el orden, proteja la propiedad privada, asegure el cumplimiento de los contratos y mantenga una red de seguridad que cubra a aquellos y solo a aquellos que son incapaces de acceder a ella por carecer de recursos.

Muchos consideran ese programa una utopía, pero lo utópico es la presente situación cuya incompatibilidad con la realidad es radical, como también lo es el mantenimiento de un consenso socialdemócrata que está agotado y cuyas contradicciones internas son ya inmanejables. Y recuerden algo: los periodos en los que España se ha acordado más a los ideales de la libertad económica son aquellos en los que ha habido mayor bienestar para todos.