José Luis Escrivá en una imagen de archivo.

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Baile de Cifras

El plan (no tan oculto) de la reforma de las pensiones

22 diciembre, 2020 01:50

Los fondos europeos vienen con letra pequeña. La aprobó la semana pasada el Parlamento Europeo y, como es obvio, ni Sánchez ni Iglesias ni ningún otro miembro del Gobierno la han querido publicitar. Pero esas condiciones que Bruselas impone pasan por avanzar sin prisa pero sin pausa en las reformas que las economías nacionales necesitan. ¿En el caso de España? Pensiones, más reforma laboral (que no contrarreforma) y poner en vigilancia la evolución de la deuda y el déficit fiscal. 

Nada nuevo bajo el sol. Condicionalidad silente que tarde o temprano habrá que cumplir, y el Gobierno lo sabe. De ahí que algunos documentos ya recojan la necesidad de implantar peajes en las carreteras para aumentar la recaudación; que Yolanda Díaz acudiera la pasada semana a Bruselas a hablar de la dirección que debe tomar el mercado laboral o que José Luis Escrivá ya esté preparando borradores sobre cómo reformar las pensiones públicas. 

El primer paso para equilibrar la Seguridad Social es evidente: traspasar a Presupuestos las prestaciones no contributivas y que pasen a financiarse vía impuestos. No sólo pensiones, también deducciones, nacimiento de hijos, etcétera. En total, cerca de 22.800 millones de euros ‘impropios’ que deben ser financiados por otras áreas. Incluso, por la vía de nuevos impuestos, tal y como se reconoce en el último Plan de Estabilidad remitido a Bruselas. 

Alcanzada la sostenibilidad de la Seguridad Social a corto plazo, el objetivo es fijarse en el largo. Sólo en octubre se necesitaron 9.930 millones de euros para pagar las nóminas de los pensionistas, un 45,5% más que hace una década. Y la cosa promete seguir subiendo. En primer lugar, porque los nuevos Presupuestos ligan la revalorización de las pensiones al IPC y dejan a un lado el Índice de Revalorización aprobado por Cristóbal Montoro. 

De cara al año que viene los Presupuestos destinarán 163.923 millones a las pensiones, lo que supone el 39,2% del gasto total presupuestado. En la última década el dinero destinado a pagar pensiones ha aumentado un 31% y, ojo, porque seguirá subiendo. A partir de 2023 se incorpora la generación del baby boom (nacidos entre 1958 y 1977), en la que se contaron más de 600.000 nacimientos anuales. 

Las estimaciones de AIReF señalan que hasta el año 2050, cuando ya estén todos los babyboomers jubilados, el gasto en pensiones se habrá elevado al 14,2% del PIB (frente al 10,9% actual). Todo ello con una población cada vez más envejecida y con menos de dos cotizantes por cada pensionista. 

Con estas previsiones no es de extrañar que Escrivá trabaje en dos vías adicionales para garantizar a largo plazo las nóminas de los pensionistas. La primera, acercar en lo posible la edad efectiva de jubilación actual a la obligatoria, que en 2027 será de 67 años. En segundo, aumentar de 25 a 35 años el periodo para el cómputo de las nuevas pensiones. 

¿Cuál es el objetivo? Rebajar, según estimaciones publicadas por El País, en algo más de un 5,45% la pensión media una vez que entrase en vigor. Es decir, ir acercando la llamada tasa de reposición a los estándares europeos y de la OCDE. 

En estos momentos un pensionista español recibe el 83,4% de su último salario, una cifra muy superior a la media de los países de la Unión Europea que se sitúa en el 63,5%. Pero si analizamos lo que ocurre a nivel de la OCDE la distancia es todavía mayor: 58,6%. Ese es el quid de la cuestión, que esa tasa tenderá a converger a la baja. La cuestión es saber cuándo ocurrirá y qué ministro le pondrá el cascabel al gato. 

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