No pretendo abordar el manido debate acerca de si es “la clase de tropa” la que soporta en sus magros bolsillos los privilegios de esos “acomodados”, que llevan a sus hijos a un colegio privado y disfrutan de atención médica privada o si como sostienen los liberales, es exactamente al revés, porque los que pagan el doble son quienes pueden elegir servicios privados mientras sostienen con sus impuestos, al igual que el resto, el andamiaje público. Es tan obvio que me da pereza. Básicamente porque esta historia de “los de arriba” frente a “los de abajo” queda ya sólo para una extrema izquierda que en el fondo ni se la cree.

Ya, pero ¿usted por qué se decanta? Podrían preguntar en este punto muchos lectores que no me conozcan. En esta columna hallarán la solución.

La intención gubernamental de comenzar a gravar tanto la Sanidad como la Educación privadas no supondrá, en ningún caso, “una subida del IVA”, tal y como se ha difundido de manera errónea por algunos medios. El objetivo de Sánchez e Iglesias, de Iglesias y Sánchez, es acabar con la exención impositiva de la que hasta ahora disfrutaban tanto la una como la otra.

Imagen de un colegio. Pixabay

Una medida absurda y descabellada, fundamentada -como tantas otras puestas en práctica o anunciadas como “globos sonda” por este gobierno- en razones ideológicas y no económicas.

Una familia que hasta ahora hubiera podido permitirse pagar un colegio privado, asumiendo mensualidades, un suponer, de 600 euros, se encontrará de golpe abonando 726 euros cada mes. Al término del curso habrá asumido un sobrecoste de 1260 euros por cada hijo; si tiene dos, 2520 y así sucesivamente.

En el caso de que cada uno de estos hijos participen además en una actividad extraescolar, por cada recibo de 60 euros las familias pasarán a pagar 72,60. Más de 25 euros de sobrecoste mensual si tienen dos. Como es fácil suponer, todos los costes añadidos se gravarán de igual forma: transporte escolar, comedor y otros.

Si desembolsan 100 euros mensuales por comedor, pasarán a ver recibos de 121 euros por cada estudiante. No queda clara la situación de la escuela concertada, financiada por el Estado, que debería recibir el mismo trato que cualquier otro servicio público: si los ciudadanos no pagan -teóricamente- por esos servicios, no hay contraprestación en la que aplicar ese IVA.

Una medida absurda y descabellada fundamentada en razones ideológicas y no económicas. 

Se aducirá que los padres que optan por este último tipo de Educación sí pagan en función de “otros” conceptos, aunque en menor medida que en la privada. El jardín es tan intrincado que no tengo claro si el ejecutivo es consciente de dónde se está metiendo.

Fijémonos ahora en la Sanidad privada. Pólizas de cualquier aseguradora de las más conocidas en el mercado, que cuestan de media por cada miembro de la unidad familiar unos 70 euros mensuales, pasarán a costar 84,70; consultas particulares con especialistas, pasarían de unos 300 euros de media a 363 de la noche a la mañana.

No aburramos con más números, aunque no esté de más recordarlos. La conclusión es que, con esta medida, supuestamente tomada en beneficio "de la gente" – que es la forma en la que este ejecutivo se refiere a quienes, a diferencia de sus miembros, disponen de unos recursos económicos limitados- lo que se conseguirá es precisamente el efecto contrario al que se pretende. 

Subir el IVA provocará que se sature aún más la Sanidad pública, se incrementen las listas de espera y se someterá al sistema público de enseñanza a una saturación de nuevos escolares que, claramente, el Estado no está en condiciones de atender, como no sea en barracones y contratando nuevos docentes aunque no los haya.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. AIReF

La AIReF asegura que gravar con ese amenazante IVA del 21 % a la Sanidad y a la Educación públicas reportaría al Estado unos ingresos de 3.457 millones de euros… pero tendría un coste para las mismas arcas públicas de 4.306 millones de euros. Casi 900 millones menos para el Estado. O sea, un pan con unas tortas, como se dice en Castilla.

Todo ello por no abundar en el viejo y manido debate de que la imposición indirecta es la más insolidaria porque la soportan por igual los ricos y los pobres. Ya saben, aquello de que el paquete de tabaco o la barra de pan cuesta lo mismo a Amancio Ortega que a quien cobra el subsidio de desempleo.

Instituciones tan dignas de ser tenidas en cuenta como el Círculo de Empresarios se han pronunciado ya sobre la necesidad de que se mantenga la exención del IVA en la Educación y la Sanidad privadas. Se apoyan, precisamente, en la evaluación de gasto público de la citada AIReF.

En un reciente documento que lleva por título: La Sanidad, sector aún más estratégico por la pandemia, la Institución que preside John de Zulueta advierte acerca de “el gran valor que puede aportar la salud a la economía a través de la consolidación y mejora de la calidad asistencial”.

Gravar a la Sanidad y la Educación privada reportará al Estado ungresos de 3.457 millones, y tendría un coste de 4.306 millones. 

No parece que una medida que provocaría una fuga masiva de pacientes que, huyendo de un sobrecoste pasarían a engrosar las urgencias de los hospitales públicos, sea la mejor decisión para optimizar la calidad de una Sanidad más tensionada que nunca en estos difíciles tiempos de Covid-19.

¿Les merece la pena a nuestros gobernantes poner en marcha una medida, claramente solidaria y antieconómica por simple demagogia? Sí; les merece la pena.

Buena parte de sus votantes no atenderán a estos simples números y preferirán el fácil razonamiento de que, si quieren sanidad y educación "exclusiva", que la paguen. Lo malo es que, como siempre, el capricho demagógico lo acabaremos pagando entre todos.

Una vez más, en lugar de impulsar medidas orientadas a la digitalización y a la innovación e inversión público-privada, el actual gobierno pretende optar por el fácil atajo de la demagogia dirigida al consumo de su bolsa de votantes más estatista. No es economía, qué va… es ideología.

*** Eurico Campano es periodista experto en economía y finanzas