Las medidas laborales aprobadas por el Gobierno son un paso más en el camino hacia el desastre pavimentado por su política económica. La coalición gobernante parece empeñada en eliminar cualquier esperanza, no ya de paliar una durísima recesión, sino de salir de ella.

Al abordar la gestión de la crisis ha abandonado cualquier criterio de racionalidad para entregarse a delirios ideológicos similares a los programas de ruptura con el capitalismo abanderados por la izquierda francesa a finales de los años 70 del siglo XX. Vacío de ideas y de proyecto, el PSOE simboliza la decrepitud de una socialdemocracia agotada que, en una coyuntura dramática, parece haber cedido la iniciativa al populismo anticapitalista de sus socios morados.

La prohibición de realizar despidos debidos al Covid-19, la parálisis por ucase de casi la totalidad de la actividad y la obligación para las compañías de pagar los salarios de sus empleados durante este singular periodo vacacional constituyen un golpe demoledor al tejido empresarial, en especial, a las pymes. Esta situación se ve agravada por dos factores adicionales: la inseguridad generada por la nueva regulación de los ERTE que pueden ser declarados nulos de oficio después de haber sido autorizados y la negativa a demorar o exonerar a las empresas del pago de los impuestos mientras no se normalice la actividad, lo que supone ignorar el hundimiento de su facturación e ingresos provocado por el coronavirus.

El PSOE simboliza la decrepitud de una socialdemocracia agotada en una coyuntura dramática

La actuación gubernamental revela una enfermiza mentalidad anti empresarial conducente a una destrucción masiva de puestos de trabajo. El empleo no se crea ni se mantiene por decreto. El programa de "eutanasia activa a las empresas" sancionado por el Ejecutivo conducirá a que muchas de ellas se vean forzadas a cerrar y otras tantas tendrán poderosos incentivos para hacerlo. Para las pymes y micro pymes optar por cualquiera de esas dos alternativas es una respuesta lógica a la entrada de España en una intensa fase recesiva cuya duración es además imprevisible. La coalición social-podemita no les da otra opción.

Las consecuencias de esa política sobre el binomio empleo-paro comenzarán a manifestarse con rapidez y, no lo duden, el Gobierno acusará a las empresas de insolidaridad, de avaricia y de un variado abanico de laudatorios epítetos. Los cientos de miles de empresarios llevados a la quiebra por sus erróneas decisiones serán los chivos expiatorios de todos los males, el perfecto enemigo interno, lo que le proporcionará munición adicional para aumentar la injerencia gubernamental en economía. Ante la deserción empresarial, los trabajadores y las trabajadoras sólo pueden contar con el apoyo de un Gabinete gestionado por los suyos.

El propio vicepresidente segundo del Ejecutivo ha mostrado con claridad meridiana sus intenciones al invocar el artículo 128 de la Constitución española: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Esto es invitación a una estatización masiva de la economía, alimentada por las constantes invectivas contra la iniciativa privada, por la atribución al Estado de todos los esfuerzos para combatir la crisis frente a la inacción del mundo empresarial, etc. El silencio cómplice del socialismo patrio ante los excesos retóricos de sus socios es sorprendente.

Los empresarios llevados a la quiebra por sus erróneas decisiones serán los chivos expiatorios de todos los males

Si se contempla el comportamiento desarrollado por otros gobiernos democráticos en estas circunstancias, sus políticas quizá sean y de hecho son discutibles, los medios empleados y su efectividad para abordar este momento crítico también, pero ninguno ha cometido la irresponsabilidad de aprovechar esta tesitura y un estado de alarma para introducir una agenda ideológica conducente a producir un cambio radical en el modelo socioeconómico existente en sus estados. Recuerden: "El cielo no se toma por consenso, sino por asalto".

La oposición y las organizaciones empresariales tienen la obligación de plantar cara y denunciar el programa colectivista adoptado por la coalición gubernamental. De lo contrario serán cómplices de una política que hundirá España en la depresión y convertirá la economía de mercado y el sistema de libre empresa en puras fachadas decorativas. Asumir esa responsabilidad es vital en la actual coyuntura y hay que estar a la altura que exige la gravedad de la situación. No se debe lealtad al Gobierno sino a los ciudadanos.