El ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España).
El Gobierno aprueba otros 180M para vivienda asequible con sus decretos de alquiler aún pendientes de convalidación
La nueva partida se repartirá entre cinco comunidades autónomas.
Financiará construcción, rehabilitación y compra de viviendas destinadas al alquiler asequible.
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El Gobierno vuelve a mover ficha en materia de vivienda. Apenas 15 días después de aprobar dos decretos-ley para intervenir en el mercado del alquiler, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde a nuevas medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible en España.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que destina 180 millones de euros a las comunidades autónomas con zonas de mercado residencial tensionado. El objetivo es aumentar el número de viviendas disponibles y tratar de reducir los precios del alquiler.
La medida llega en plena incertidumbre sobre el futuro de los dos decretos-ley de vivienda aprobados el pasado 7 de octubre. Ambos siguen pendientes de su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, pese a que uno de ellos ya está en vigor.
Mientras se resuelve su continuidad, el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, ha impulsado una nueva partida de ayudas para las cinco comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas.
En total, 317 municipios podrán beneficiarse de estos fondos. Cataluña recibirá la mayor parte del dinero, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados como tensionados.
Le sigue el País Vasco, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21 localidades; y Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela.
Por último, Asturias contará con 5,9 millones para cinco municipios.
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Según ha detallado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las comunidades autónomas podrán destinar estos recursos a diferentes actuaciones para ampliar el parque de viviendas asequibles.
Entre ellas figura la construcción y rehabilitación de inmuebles destinados al alquiler social o asequible, con independencia de la titularidad del suelo.
También podrán utilizar las ayudas para comprar terrenos destinados a uso residencial, preparar suelo para nuevas promociones o adquirir viviendas ya construidas para incorporarlas al mercado del alquiler asequible.
Además, el decreto contempla la posibilidad de financiar mecanismos de cobertura frente al impago de los contratos de alquiler.
Dos decretos pendientes
La aprobación de estas ayudas coincide con otro frente abierto para el Gobierno. Los dos decretos-ley de vivienda del pasado 7 de octubre todavía deben superar su votación en la Diputación Permanente.
No es la primera vez que el Ejecutivo tiene que afrontar este trámite. Ambos textos fueron rechazados por el Congreso el 2 de octubre, tras su primera aprobación el 29 de septiembre.
El Gobierno decidió recuperarlos apenas cinco días después, con una nueva aprobación en el Consejo de Ministros.
El primero de estos textos contempla la suspensión de determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.
![Montaje de una vivienda.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11374457.jpg?p=w:320\/h:240&h=9vb4cPb8"])
También incluye una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler durante dos años y un límite del 2% a la actualización de las rentas.
Este decreto-ley está en vigor desde el pasado 8 de octubre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pese a que todavía está pendiente de su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, de la que depende su continuidad.
Por su parte, el segundo decreto, impulsado por Sumar, introduce cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), entre ellos la ampliación de los plazos de los contratos y nuevas condiciones para el alquiler temporal y por habitaciones.
Sin embargo, el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos suficientes para sacar adelante este segundo texto, tras el rechazo de los grupos parlamentarios a sus medidas.
El Ejecutivo no incluyó la convalidación de estas normas en el orden del día de la reunión del pasado 15 de octubre, pese a la urgencia defendida inicialmente para su aprobación.
