Nueva construcción.
Más del 40% de españoles que han accedido a una vivienda protegida asegura que la construyó un promotor privado
El CIS refleja escasez de oferta pese a la apuesta de Sánchez por la pública.
Más información: Consumo expedienta a un gran portal inmobiliario en pleno pulso con el Gobierno por las exigencias de los decretos
La vivienda protegida sigue siendo una excepción en España pese a los millones que el Gobierno asegura destinar a impulsarla.
Sólo el 8,6% de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vive en una de ellas y, entre quienes residen o han accedido a este tipo de inmuebles, el 40,6% señala que fue construida por promotores privados.
Además, la falta de oferta sigue siendo uno de los principales obstáculos para acceder a esta alternativa habitacional. El 58% de los potenciales compradores que según el CIS descartan solicitarlas denuncia que es por su escasez, mientras que más de la mitad señala la falta de información y las trabas burocráticas para acceder a ellas.
Este es el panorama con el que Pedro Sánchez vuelve a hacer de la vivienda una de sus grandes bazas electorales.
A las puertas del 29-N, el Ejecutivo redobla su apuesta por Casa 47 y recupera sus polémicos decretos de vivienda, mientras el propio CIS deja al descubierto las dificultades para acceder a algunas de las soluciones que promete.
Los datos de la última encuesta del CIS muestran el importante peso del sector privado en la construcción de vivienda protegida, por encima de cada una de las administraciones públicas por separado.
Un contraste con la apuesta de Pedro Sánchez por ampliar el parque público de vivienda a través de herramientas del Estado, como Casa 47.
![La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez García](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11369805.jpg?p=w:320\/h:240&h=CnyP0DOr"])
En concreto, el 40,6% de los encuestados que viven en una de estas viviendas, o accedieron a ella cuando todavía era protegida, señala que fue construida por una promotora privada.
La diferencia es considerable respecto al sector público. Sólo el 16,7% señala a las comunidades autónomas como responsables de su construcción, el 14,4% a los ayuntamientos y apenas el 5,7% al Estado.
Sin embargo, la presencia del sector privado no se limita a la construcción de este tipo de viviendas. Y es que su papel también destaca a la hora de acceder a ellas.
El 36,3% de los encuestados asegura que consiguió la suya a través de una promotora o inmobiliaria privada, frente al 30,9% que lo hizo mediante un procedimiento público.
Apuesta por Casa 47
Estas cifras llegan en plena apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por ampliar el parque público de vivienda.
Una de sus principales medidas pasa por reforzar Casa 47, la empresa estatal de vivienda.
Los nuevos decretos aprobados, de nuevo, por el Ejecutivo contemplan el traspaso de miles de inmuebles de la Seguridad Social a esta compañía para aumentar la oferta disponible.
A ello se suman 400 millones de euros, que según anunció el presidente del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, serán para financiar proyectos de vivienda social y otros 280 millones en avales para impulsar la construcción industrializada.
Sin embargo, los planes del Gobierno chocan con la opinión de los españoles que refleja el CIS.
Más de la mitad de los potenciales compradores que descartan solicitarlas señala problemas para acceder a ellas.
![Manifestación en Málaga por el derecho a una vivienda y animando ya a una huelga general.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11370871.jpg?p=w:320\/h:240&h=7M0Nr_jw"])
El 58,4% considera que no cumple los requisitos, otro 54,6% señala la complejidad de los trámites y el 52,7% reconoce que no tiene información suficiente para su solicitud.
Además, tal y como recoge la encuesta pública, estas viviendas tampoco resultan tan asequibles como cabría esperar.
El 38,8% de los potenciales compradores que descartan solicitarlas considera que su precio no es mucho más bajo que el de una vivienda en el mercado libre.
Unos datos que ponen de manifiesto que, pese a ocho años centrados en políticas de vivienda, el reto sigue siendo el mismo: aumentar la oferta y facilitar el acceso de las familias a ella.
Un sector en contra
Los resultados del CIS llegan, además, en pleno enfrentamiento entre el Gobierno y el sector inmobiliario por las nuevas medidas de vivienda.
El Ejecutivo acaba de aprobar por segunda vez los dos decretos que el Congreso rechazó la semana pasada.
Las normas mantienen buena parte de las restricciones al mercado del alquiler, pese a que las patronales insisten en que el principal problema es la falta de viviendas y que eso no se solucionará con más limitaciones.
En esta línea, el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), Miguel Ángel Gómez Huecas, ha advertido de que endurecer las condiciones a los propietarios sin aumentar la oferta sólo puede llevar a que más viviendas desaparezcan del mercado del alquiler.
Una situación que además, según señala, termina perjudicando especialmente a los jóvenes y a las familias con menos recursos.
Por su parte, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) ha denunciado la inseguridad jurídica que generan la aprobación por la puerta de atrás de los nuevos decretos.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11369029.jpg?p=w:320\/h:240&h=-Gn65IbA"])
A su juicio, este movimiento "altera las mayorías democráticas expresadas en el Congreso" y crea "un precedente institucional muy peligroso".
Frente a las medidas del Ejecutivo, el sector reclama más suelo para construir, menos trabas administrativas y mayor seguridad jurídica, con el único objetivo de facilitar nuevas promociones y aumentar el número de viviendas disponibles para las familias.
Todo ello mientras el CIS refleja que la vivienda asequible sigue siendo un problema tras ocho años de legislatura.
Un problema que difícilmente podrá resolverse si el Ejecutivo vuelve a apostar en su camino a las urnas por medidas similares a las que ya había planteado y que, hasta ahora, no han logrado acabar con esa falta de oferta.
