La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en el Senado en una imagen de archivo. Europa Press.
El último gesto del Gobierno decepciona a los caseros a las puertas de la gran renovación de alquileres
Las condiciones para sufragar parte de impagos o daños si son ocasionados por jóvenes o inquilinos vulnerables convierten la propuesta en anécdota.
Más información: El Gobierno compensará a los caseros por impagos o daños causados por inquilinos jóvenes o vulnerables
"Es papel mojado". Así reciben los caseros el último intento de acercamiento por parte del Gobierno, que quiere vencer su creciente desconfianza con un nuevo aval que no convence en un momento crítico: 1,6 millones de personas terminan en 2026 su contrato como inquilinos y, si renegocian, tendrán que asumir subidas medias de 140 euros al mes.
La promesa que les ofrece Moncloa es la siguiente: si alquilan a menores de 35 años o personas consideradas vulnerables, por ejemplo con menores a cargo, el Ejecutivo les cubrirá en caso de que haya impagos o desperfectos en la vivienda.
Pero la letra pequeña desmotiva a los propietarios. Para beneficiarse de esta medida –cuya cuantía se desconoce por no estar aún habilitada su línea presupuestaria– los caseros deberán, entre otros requisitos, cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia.
¿Cuánto es eso? Depende de cada zona y de los rangos específicos de las viviendas en ese área, de acuerdo con la metodología del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), que establece una horquilla orientativa que ya hace tiempo fue puesta en duda por el sector.
La crítica fundamental es que no refleja la realidad de los precios de arrendamiento, y las principales organizaciones de propietarios insisten en este punto ahora. Al final, señalan, los valores oficiales de esta herramienta son muy inferiores a la realidad de la calle.
O sea: la medida de Moncloa, lejos de darles tranquilidad, incrementa la desconfianza porque no cubrirá "a la inmensa mayoría" de los contratos de alquiler, asegura David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro.
"Grave irresponsabilidad"
Por eso este requisito, agrega Caraballo, "limita" el alcance de la medida "e impide acceder a esta ayuda a la práctica totalidad de los propietarios que están sufriendo impagos”.
“No es una medida equitativa para propietarios e inquilinos. Si se ha establecido una protección universal de los inquilinos frente a un desahucio, debería ofrecerse también una cobertura universal para los propietarios frente a la morosidad", considera.
![El líder del PP Alberto Nuñez Feijóo y la diputada del PP Cuca Gamarra, este miércoles en el Congreso.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/09\/17\/actualidad\/1003743929803_258788641_320x180.jpg"])
Tampoco convence demasiado a la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval). "No constituye una medida nueva, sino la reiteración de una iniciativa presentada ya en dos ocasiones previas en los últimos meses", en enero y luego en el borrador del Plan de Vivienda, remarcan a este periódico.
Pero quedó sin desarrollo. Por eso insisten en que debe haber "seguridad jurídica, coherencia normativa y mecanismos realmente aplicables" y se debe evitar "presentar reiteradamente medidas que no se desarrollan ni generan efectos reales en el mercado".
Y tal y como se presenta el decreto, agregan desde Asval, hay riesgo de que se desincentiven nuevas incorporaciones de viviendas, se reduzca la oferta en determinadas zonas, y se aumente la inseguridad jurídica.
El tono con el que terminan de comentar la propuesta en Alquiler Seguro no deja lugar a dudas. "Obligar a los propietarios a pagar la política social del Gobierno es una grave irresponsabilidad”, cree el CEO de la compañía, mostrando así que la grieta de los caseros con Moncloa no está cerca de cerrarse.
El punto es relevante porque los crecientes miedos de los propietarios, que se han elevado durante esta legislatura por los efectos de la Ley de Vivienda, han acabado reduciendo la oferta de pisos en alquiler y, con ello, complicado el acceso a una casa a quien no puede comprar.
Lo señala desde hace tiempo el sector. El blindaje antidesahucios a inquilinos vulnerables que incluía la norma, así como la expectativa de topes de precios, ha disparado el miedo a la llamada 'inquiokupación' y las viviendas de alquiler se están trasvasando al mercado de compraventa.
La 'gran renovación': el alquiler subirá 140€
Por eso este nuevo aval, que es en realidad el cumplimiento de una promesa pendiente a Junts por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, echa así más leña a un fuego con los caseros en un momento especialmente delicado.
Porque el mercado del alquiler en nuestro país se encamina a la que empieza a conocerse como la "gran renovación".
En 2026 concluirán los contratos de alquiler de larga duración –5 años– firmados justo en el resurgir tras la pandemia, cuando empezó a reactivarse el mercado.
Son algo más de 632.000 contratos que afectan a más de 1,6 millones de personas, de acuerdo con datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que da la voz de alarma porque quienes enfrenten una renegociación sentirán importantes subidas.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy estima que los contratos de alquiler que se revisen en el año que arranca en menos de un mes se encarecerán una media de 1.735 euros anuales, unos 144 euros al mes.
No obstante, esas cifras suben sensiblemente dependiendo de la zona. En el caso de Baleares los inquilinos pueden verse obligados a asumir un encarecimiento de 384 euros al mes.
Le siguen la Comunidad Valenciana, con unos 223 euros al mes; Canarias (188 euros); la Comunidad de Madrid (170 euros); Cantabria (164 euros) y Andalucía (162 euros).
Cataluña queda excluida de los cálculos por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población. Asimismo, se excluyen el País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral.
En cuanto a los contratos, el mayor número de contratos a expirar se da en Madrid (145.881), Comunidad que también aglutina el mayor número de personas afectadas (404.090), según la estimación de contratos suscritos a partir de los datos extraídos del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.
Le sigue Cataluña (112.728 contratos y 300.984 personas), Andalucía (85.491 contratos y 213.728 afectados) y Comunidad Valenciana (62.523 contratos y 155.057 personas).
La escalada será un duro golpe para el bolsillo de muchos inquilinos, teniendo en cuenta que, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de su renta disponible total al pago de la vivienda.
