En este sentido, cabe recordar que el propio secretario de Estado para la Vivienda, David Lucas, apuntó durante la presentación del índice que tanto Asturias como Navarra habían mostrado un importante interés en seguir los pasos de Cataluña.

En el caso de Asturias, el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico -de Izquierda Unida-, señaló a comienzos de año que espera tener el informe sobre las zonas tensionadas antes de final de año. 

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Por el momento, en la región sólo la ciudad de Gijón -gobernada por Foro Asturias- ha solicitado al Ejecutivo regional ser declarada zona tensionada. En concreto, la medida se ha solicitado para los barrios de La Arena y Cimadevilla. En Oviedo, la capital, donde el PP tiene mayoría absoluta, no se espera ningún anuncio al respecto. 

Según un informe publicado por la Universidad de Oviedo, 13 de los 78 concejos de Asturias pueden ser considerados como zona tensionada. Los parámetros establecidos en la Ley harían que los municipios de Gijón, Lena, Laviana, Aller, Cabrales, Cabranes, SM del Rey Aurelio, Cangas de Onís, Colunga, Llanes, Parres, Ribadesella y Villaviciosa pudiesen ser declarados como zona tensionada.

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Fuentes del Ministerio de Vivienda señalan que la colaboración entre administraciones es máxima.

En este sentido, se encuentran abiertos a ayudar al Gobierno del Principado en todo lo posible para lograr la declaración de zona tensionada. "Dará respuestas y soluciones a una demanda de la ciudadanía", apuntan. 

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto con el presidente de Asturias, Adrián Barbón, en una imagen de archivo. Europa Press.

Para poder declarar como zona tensionada un mercado del alquiler debe de cumplir al menos una de las siguientes condiciones. Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler debe superar el 30% de los ingresos medios de la media de los hogares de la zona o que el precio de compra o alquiler haya experimentado un repunte en los últimos cinco años superior al del Índice de Precios al Consumo (IPC) de la comunidad autónoma.

Las medidas tendrán una vigencia de tres años prorrogables anualmente si las circunstancias persisten.

Convenios con CCAA

La titular de Vivienda adelantó el lunes que este martes se firmarán convenios con diez comunidades para la construcción de 3.233 viviendas de alquiler social, que se suman a las 22.242 actuales, lo que supone una cifra en torno a las 25.000 viviendas en diferentes fases: conveniadas, en construcción o ya entregadas, con una inversión cercana a los 1.000 millones de euros.

Estas viviendas forman parte de las 20.000 a las que el Gobierno se comprometió dentro del Plan de Recuperación, y a su vez están dentro de las 184.000 viviendas a precios asequibles que prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que Rodríguez ha recalcado que se ha "superado" el objetivo marcado de 20.000 viviendas.

Rodríguez también anunció que llevará este martes al Consejo de Ministros la línea de 430 millones para la rehabilitación del parque de vivienda que había anunciado el pasado mes de mayo.