El Congreso debate y aprueba hoy la Ley de la Vivienda, mediante la que el Gobierno pretende controlar los precios del alquiler, con todo el sector inmobiliario en contra. Promotoras, consultoras, fondos de inversión, también el Banco de España, advierten que la nueva Ley puede tener efectos contrarios a los deseados.

Aunque existen flecos sobre los que todavía Unidas Podemos y el PSOE mantienen diferencias, en particular sobre la regulación de los pisos turísticos, la propuesta prácticamente tiene asegurada su aprobación con el apoyo de ERC y Bildu.

La votación de la Ley en la Cámara Baja es el último trámite antes de que pase al Senado, con la intención de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

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Por lo que hasta ahora ha trascendido de la nueva Ley, se rebaja la figura de gran tenedor de vivienda a cinco inmuebles, tanto persona física como jurídica; los propietarios no podrán desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo; se mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y se eleva al 3% en 2024; y se creará un índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.

Esta semana el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha declarado que la Ley de la Vivienda "puede acabar provocando el efecto contrario al que se pretende", aludiendo a la "evidencia empírica de la que disponemos".

"Con una visión de medio y largo plazo, que yo creo que es la que hay que tener en el mercado de la vivienda, puede tener efectos negativos sobre la oferta y por tanto acabar provocando el efecto contrario al que se pretende", dijo.

La Asociación de Promotores y Constructores de España afirma que la nueva Ley "afectará gravemente al desarrollo de vivienda nueva para alquiler y compra, debido a la inseguridad jurídica que genera". La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler define la iniciativa como "cortoplacista y contraproducente".

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La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), que representa a las mayores firmas del sector -CBRE, JLL, BNP Paribas Real Estate, Colliers...- afirma que la nueva regulación "sitúa a España en clara desventaja frente al resto de países como destino de inversión".

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), que representa a algunos de los mayores fondos de inversión en el sector inmobiliario, como Blackstone, y cuyos asociados gestionan en total cerca de 50.000 viviendas en alquiler, presentó el mes pasado ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana 2.000 reclamaciones de propietarios solicitando al Estado compensaciones por el daño patrimonial causado por el tope a las subidas del alquiler al 2% en la renovación de los contratos en 2022.

También los principales portales inmobiliarios -Pisos.com, Idealista, Fotocasa- advierten contra la nueva Ley. "El Gobierno ha vuelto a mostrar su ceguera al continuar con sus políticas coercitivas frente a los propietarios de vivienda, obviando que el verdadero elegante en la habitación del mercado del alquiler es la falta de oferta", comenta Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.