Tope del 2% al alquiler durante 2023, que subirá al 3% en 2024 y, a partir de 2025, se creará un nuevo índice “más estable e inferior a la evolución del IPC que tope los aumentos de la renta por la renovación anual”.

Esta es la principal novedad del acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de sus socios de ERC y EH Bildu según ha confirmado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a las negociaciones. 

De esta manera, la vicepresidenta Nadia Calviño ha salido ganadora en estas negociaciones ya que su intención era la de poner un tope del 3% a las subidas del alquiler hasta 2024, en primera instancia. En segunda, después se aplicaría un nuevo índice en el que ya estaría trabajando Asuntos Económicos.

"El índice está por definir. Y afectará a todos, no sólo a las zonas tensionadas", explicaron los portavoces de EH Bildu y ERC, Oskar Matute y Pilar Vallugera. Se prevé que sea Asuntos Económico quien acabe elaborando el índice. "Tenemos hasta el 1 de enero de 2025 para elaborar dicho índice". 

Como contrapartida, se articularán con una serie de beneficios fiscales "para que sea rentable poner el piso en alquiler". De esta manera, se prevé frenar la posible retirada de pisos en alquiler del mercado. 

Gran tenedor

Otra de las novedades que presenta el acuerdo sobre la Ley de Vivienda tiene que ver con la figura de gran tenedor. La ley que aprobó el Consejo de Ministros en febrero del año pasado cifraba la cantidad en diez inmuebles.

Sin embargo, con el acuerdo alcanzado, las comunidades autónomas (que son quienes tienen la competencia en esta materia) podrán, atendiendo a sus respectivas realidades, rebajar la condición de gran tenedor de los 10 inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno, a los 5 inmuebles que finalmente se incluirán en la ley. En este caso, esta era la postura que defendía Unidas Podemos. Y gran tenedor será tanto persona física como jurídica. 

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El acuerdo final se ha alcanzado tras haberse implicado en las negociaciones personalmente tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Otra de las cuestiones que se ha desvelado es la relativa al mercado residencial tensionado.

Así, la ley explica que esta situación sucederá cuando en una comunidad autónoma el coste de la hipoteca o el alquiler (sumados gastos de suministros básicos) supere el 30% de los ingresos o renta media del hogar.

Asimismo, también se declarará un mercado como tensionado cuando el precio de compra o alquiler de vivienda experimente en los últimos cinco años un crecimiento acumulado superior en cinco puntos al IPC de la comunidad autónoma.

Bastará con cumplir uno de los dos requisitos para declarar la zona como tensionada. En el texto anterior, eran tres los requisitos necesarios, y había que cumplir con los tres. De ahí que aumente el campo de aplicación.

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Aunque el acuerdo ha llegado, no queda tan claro cuál será el calendario que se presenta a partir de ahora. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó a que sería en esta legislatura. 

"No se sabe", reconocieron los portavoces de ERC y Bildu. "Es la mesa del Congreso la que tiene que empujar la ley. Tanto desde el ministerio de Transportes como de Derechos Sociales hay voluntad y determinación para que vea la luz en esta legislatura". 

Con unas elecciones generales prevista para finales de año, la pregunta es si hay riesgo de que la Ley de Vivienda llegará a aplicarse o no. "El riesgo no tiene que ver con los tiempos porque hay tiempo de aprobarla antes del 28 de mayo", sostuvieron Matute y Vallugera.

Eso sí, reconocieron que existe el mismo riesgo que para otras leyes. Y ese no es otro que los posibles recursos de inconstitucionalidad que se puedan poner. "Se lo hemos puesto bastante difícil para que prosperen esos recursos", concluyeron.