Extender el Bono Joven del Alquiler de forma anual desde los dos años actuales hasta los cinco. De esta manera, los inquilinos beneficiados por esta medida se ahorrarían 3.000 euros al año. Esta es la propuesta que hacen al Gobierno desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

La razón que esgrimen es que, de no hacerlo, puede ser “una trampa” para muchos propietarios, y “un calvario” para los inquilinos. Dicho de otra manera, pan para hoy y hambre para mañana para estos últimos.

Porque la duración de un arrendamiento de vivienda puede llegar a los cinco años y la ayuda del bono joven termina a los dos. “A partir del segundo año, se pueden producir dos escenarios perjudiciales para los arrendadores”, apunta José Ramón Zurdo, director general de ANA.

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Por un lado, la ruptura del contrato. Es decir, que el inquilino se marcha porque no puede seguir pagando el alquiler. “Sería el mejor supuesto”, apunta Zurdo. Y, por otro lado, que no se marchara. En este caso, se acabarían produciendo impagos porque “el inquilino no puede seguir pagando la renta al tener 250 euros menos al mes”.

Por tanto, los jóvenes que acaben aceptando esta ayuda tienen que tener muy claro que, a partir del segundo año, es como si la renta a pagar le subiera 250 euros al mes. “Y tienen que poder seguir haciendo frente al alquiler si quieren estar hasta los cinco años, a los que tienen derecho”, subraya el director de ANA. De ahí que recomienden a los arrendadores que no acepten operaciones donde la renta a pagar suponga más del 35% de los ingresos de los arrendatarios, sin aportar más garantías adicionales.

Actualización

Fue el pasado mes de enero cuando el Consejo de Ministros aprobó el Bono de Alquiler Joven. Básicamente, una ayuda de 250 euros mensuales por un plazo de dos años. Eso sí, el contrato de arrendamiento no debe superar los 600 euros mensuales en una vivienda completa aunque se puede llegar a los 900 si está en una zona tensionada.

Desde ANA, ya entonces, consideraron “un error” que la ayuda no coincidiera con los cinco años de duración de un contrato en el caso de un que el arrendador fuese una persona física; siete años, si es persona jurídica.

Para paliar el citado error, proponen esa prórroga de año a año, hasta llegar a los cinco. Eso sí, respetando la cláusula que dice que los ingresos de los inquilinos no deben superar en tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Por tanto, 24.318,84 euros anuales.

Además, conviene tener en cuenta otra “trampa”. La misma tiene que ver con la actualización de la renta. Porque conviene recordar que la inmensa mayoría de los contratos de alquiler firmados en España contienen una revisión anual. Y la misma está ligada al Índice de Precios al Consumo (IPC).

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Por tanto, el inquilino debe pagar esa actualización cada año. En el pasado mes de septiembre, el IPC se situó en el 8,9%. Aunque hay que tener en cuenta que, hasta el 31 de diciembre, los alquileres tienen un tope del 2% a la hora de revalorizarse. Así lo dictó el Gobierno dentro del plan para hacer frente al alza de la inflación derivada de la guerra en Ucrania, desvinculando del IPC la renovación de los contratos. Pero, y después, ¿habrá prórroga o se cancelará la medida?

“Si no se hiciera de la manera propuesta, se volvería a estar utilizando a los arrendadores particulares para hacerles partícipes de una medida aparentemente beneficiosa pero que les puede suponer en un futuro un mayor riesgo”, advierte José Ramón Zurdo.

Y concluye: “Vemos otra vez como con este tipo de medidas se trata de favorecer exclusivamente a los inquilinos, y a medias, olvidándose otra vez de los arrendadores, al traspasarles este riesgo. Pero claro, sin ningún tipo de responsabilidad para los creadores”.