Sin embargo, desde el sector no se muestran nada optimistas respecto a la ejecución de dichos fondos. A la falta de mano de obra, se ha unido la escasez y el encarecimiento de los materiales. De ahí que la ejecución de una buena parte de dichos fondos estén en peligro.

Así lo denunció el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, en rueda de prensa. Fruto de esta situación, un 94% de las empresas encuestadas por CNC han declarado sufrir un desequilibro económico en sus proyectos; tres de cada cuatro sufren retrasos de hasta tres meses en la llegada de materiales; y un 40% ha cancelado o paralizado obras.

Una ‘tormenta perfecta’ que tiene un camino para que amaine. Y ese no es otro que la derogación de la Ley de Desindexación en materia de contratación pública. Es lo que ha pedido la CNC. De llevarse a cabo, según la institución, sería posible garantizar la viabilidad de los proyectos y, por ende, de los fondos europeos.

También apunta como positivos para el sector la recuperación de mecanismos de revisión de precios en los contratos y alargar los plazos de ejecución en los mismos. En su opinión, deberían amoldarse a la llegada de los materiales.

La Ley de Desindexación, del año 2015, desvinculó del IPC los precios fijados en el sector público. “Ahora se ha convertido en un lastre”, dijo Fernández Alén. La razón es que la revisión de precios en los pliegos de obra pública es mínima. Es el órgano contratista quien tiene la elección de incluirlo o no.

De ahí que la patronal pida volver al sistema anterior. El mismo decía que la revisión de precios operaba a partir del sexto mes de ejecución, o con un avance del 20% en las obras.

Anclada en el pasado

El Congreso de los Diputados respaldó los estímulos fiscales aprobados por el Gobierno para impulsar la rehabilitación en viviendas y edificios residenciales dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Lo hizo el pasado jueves.

Además del paquete de deducciones que llegan hasta el 60% en el IRPF, el decreto ley contempla la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. El fin es facilitar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios.

En concreto, se modifica el régimen aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en el conjunto del edificio. Se establece un régimen de mayoría simple para la realización de tales obras (instalación de placas fotovoltaicas o la mejora de la envolvente del edificio).

A la par, se refuerza la capacidad de actuación de comunidades de propietarios para un más ágil acceso al crédito para obras de rehabilitación y mejora. “Si bien la última modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula desde 1960 el funcionamiento de las comunidades de propietarios, ha llegado precisamente con el Real Decreto-Ley para el impulso de la actividad rehabilitadora, urge una nueva normativa acorde con el siglo XXI”, señalan desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).

Según dijo Carmen Maicas, vocal de CAFMadrid, en la V edición del Día de las Profesiones, “esta modificación ha supuesto una ayuda. Pero, desde 2005, hemos asistido a un cambio profundo del sector. Paradójicamente, lo único que no ha cambiado es la Ley de Propiedad Horizontal”.

La vocal de CAFMadrid, por tanto, cree necesaria una nueva norma “y no más parches en su articulado. Si bien ayuda a la gestión puntual, no resuelve los problemas cotidianos del día a día porque es una ley anclada en el pasado”.