Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este martes 14 de julio.
El Gobierno aprueba una transferencia de 970 millones a las comunidades para reforzar la Dependencia
El Estado se ha comprometido a asumir el 50% de la financiación del sistema.
La reforma de la Ley de Discapacidad se votará este martes en el Congreso.
Más información: El Gobierno destinará 6.200 millones adicionales a Dependencia a las puertas de las elecciones generales
El Gobierno ha aprobado una transferencia de 904 millones de euros a las comunidades autónomas para la financiación del nivel acordado (el fondo estatal adicional destinado a reducir las listas de espera o mejorar las condiciones del sector) del sistema de Dependencia. Esta cifra ascenderá a 970 millones tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de País Vasco y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, respectivamente.
Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este martes. Esta cifra supone una nueva "transferencia récord" para financiar el nivel acordado entre los ejecutivos autonómicos.
Como ha señalado Bustinduy, esta partida del nivel acordado se trata de una financiación finalista directa a contribuir en la provisión de servicios y cuidados de la ciudadanía.
"Está supeditada al cumplimiento de determinados criterios e incorpora una cláusula de si una comunidad merma su presupuesto destinado a dependencia, recibirá menos. Por cada euro que retraiga tendrá una contribución menos por parte del Estado", ha precisado.
Este nivel acordado fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó entonces una senda de crecimiento que alcanza ya los 970 millones de euros actuales.
El aumento de la inversión estatal -en el nivel acordado- ha ido de la mano del crecimiento de la financiación por parte del Gobierno a través del conocido como nivel mínimo (la partida mensual que el Estado transfiere de forma directa a cada comunidad por cada persona con un grado de dependencia reconocido).
Una inversión que hace dos semanas experimentó una ampliación cuando el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 23 de junio, un real decreto-ley que supuso duplicar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos.
Esta inversión ha supuesto una refundación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y permitirá que, sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal a la comunidadaes sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Implicará que los gobiernos regionales reciban, de media, un 98,7% más de recursos por parte de la AGE.
Financiación estatal
Así, el Gobierno se ha comprometido a asumir el 50% de la financiación global del sistema alcanzando un total de 7.239 millones de euros en 2027.
El pasado jueves, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados votó a favor de que este compromiso se convierta en una norma al incorporar a la reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia la obligación del Estado de asumir el 50% de los costes.
El texto se votará en el pleno del Congreso de los Diputados este martes, de manera que, de aprobarse, la nueva normativa fijará y blindará por ley esa cofinanciación de la Administración.
Así, el objetivo principal de esta partida adicional es avanzar en la reducción y agilización de las listas de espera, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, el aumento y mejora de servicios a las personas en situación de dependencia, la inversión en tecnología, y la ampliación de la teleasistencia o de la atención a domicilio.
![El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230, Pablo Bustinduy](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10436086.jpg?p=w:320\/h:240&h=nNUn3Tqy"])
Otro objetivo fundamental de esta ampliación es reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos para financiar los cambios estructurales que establece la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.
Una norma que reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea y que incluirá nuevos servicios para la ciudadanía.
Por ejemplo, se establecerá un servicio de cuidados y apoyo en viviendas compartidas para adaptar el sistema a los nuevos modelos de convivencia; habrá servicio de asistencia personal; una extensión del servicio de ayuda a domicilio para que las personas atendidas puedan ser acompañadas a actividades como el médico o hacer la compra.
Y, por último, se ofrecerán productos de apoyo que mejoren la autonomía (sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, asistentes de voz). Esto se proveerá mediante préstamo o cesión temporal.
