Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este martes.
El Gobierno destinará 6.200 millones adicionales a Dependencia a las puertas de las elecciones generales
Esta partida se desembolsará a las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.
Más información: Las CCAA disparan su gasto en atención a la dependencia un 13,8% mientras que el Estado sólo lo eleva un 5,6%
El Gobierno refuerza la financiación del Sistema de Dependencia (SAAD) con una nueva partida de 6.200 millones de euros adicionales a las puertas de las elecciones generales. Los fondos se desembolsarán a las comunidades autónomas entre 2026 y 2027. El ejecutivo lo hace a través del real decreto-ley, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, cuyos efectos serán inmediatos.
A partir del 1 de julio de este año 2026, la AGE (Administración General del Estado) comenzará a transferir una cantidad mayor de dinero a los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la competencia exclusiva de gestionar la dependencia.
Una cifra récord, según ha precisado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, que se alcanzará mediante una reforma estructural de la financiación del SAAD.
Habrá un incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tenga reconocido un grado de dependencia.
Cuantías que serán duplicadas en el caso de las personas con mayor dependencia y que, por tanto, requieren más recursos:
- Las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros a 660 al mes.
- Las cuantías para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros a 260 al mes.
- Las cuantías para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros a 90 al mes.
En total, estos incrementos implican que la aportación del Estado alcanzará los 5.513 millones de euros en 2026 y los 7.239 millones de euros.
Esto supone que el año que viene, la inversión en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década.
Además, se blinda a futuro esta inversión ampliada ya que supondrá una obligación para el Estado, independientemente de cuál sea el gobierno y de su situación presupuestaria. Estas nuevas cuantías para cubrir los niveles mínimos de protección sólo podrían revertirse por una norma con rango de ley.
Igualmente, este incremento en la financiación supondrá, de manera inmediata, aumentar las prestaciones de más de 1,6 millones de personas en España (hay 1.682.785 con prestación efectiva según los últimos datos publicados por el Imserso, a fecha de 31 de mayo de 2026).
Esto se traducirá en que en 2027 la aportación del Estado al SAAD alcanzará el 50% del gasto total de la dependencia, lo que implica que el Gobierno culmine este compromiso político firmado en el acuerdo de coalición.
Mejoras
Con este importante paso para refundar el SAAD, el Gobierno de España no sólo pone a disposición de los gobiernos de las comunidades más recursos para poder llevar a cabo mejoras en el sistema, también para que puedan avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados que impulsó el Ministerio de Derechos Sociales hace dos años.
El departamento impulsó una estrategia estatal para desinstitucionalizar a las personas en situación de dependencia. Es decir, para dejar atrás un enfoque asistencialista de los cuidados y avanzar hacia uno más centrado en la persona, en el que se disponga de más derechos y autonomía, y que priorice su voluntad (como la de vivir en su hogar o en entornos próximos y comunitarios).
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Con este objetivo, los gobiernos autonómicos dispondrán ahora de una mayor cantidad económica cada año para invertir en dependencia y en mejoras como: continuar reduciendo listas de espera para acceder a una prestación por dependencia, contratar a más trabajadoras para ofrecer cuidados, ofrecer más y mejores servicios a las personas, ampliar la atención a domicilio e incrementar los centros de día.
También, se pretende que con esta partida se transformen los centros residenciales para superar el modelo de las macrorresidencias y habilitar espacios en los que los usuarios tengan más autonomía.
Retorno
Además de todas las mejoras que podrán aplicarse con este incremento en la financiación de la dependencia, el Ministerio de Derechos Sociales estima que esta política social tendrá una elevada rentabilidad económica y social, y que será capaz de generar un impacto significativo sobre la actividad económica, en base a diferentes estudios publicados al respecto en los últimos años.
Uno de esos estudios fue publicado hace un mes con el título «El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España», y realizado por el CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento).
Según este informe, que analizó el plan de choque del Gobierno de España para revertir los recortes en el SAAD, cada euro que se invirtió en dependencia generó 1,6 euros de actividad económica. El estudio también señala que esta inversión creó 95.000 empleos directos en el sector y que el 49% del gasto en este sistema regresó a las administraciones públicas a través de cotizaciones sociales e impuestos.
En base a estos datos, el Ministerio de Derechos Sociales estima que, a partir de este 2026, la mayor inversión que va a hacer el Estado en dependencia con este plan puede traducirse en un impacto económico cifrado en hasta 4.000 millones de euros, con un retorno aproximado a las arcas públicas de 3.000 millones de euros, posibilitando además que se creen cerca de 100.000 nuevos empleos.
Leyes
Otro objetivo fundamental de esta ampliación de la financiación del SAAD es reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos para poner en marcha los cambios estructurales que establece la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.
Una norma que, si cuenta con el apoyo de la cámara, modificará tanto la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
![El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230, Pablo Bustinduy](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10436086.jpg?p=w:320\/h:240&h=nNUn3Tqy"])
Esta reforma consolidará nuevas conquistas como reconocer la teleasistencia como un derecho universal para garantizar que toda persona que requiera de este servicio pueda acceder a él, y garantizando igualmente que esta prestación no podrá ser única y deberá combinarse con otros apoyos. Asimismo, se extenderá la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, para evitar así que deban reintegrar prestaciones económicas.
Esta reforma incorpora otros avances importantes como ofrecer a la persona usuaria el derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
Por otro lado, se garantiza que las personas en situación de dependencia recibirán una atención sanitaria sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias, estableciendo bases para que los gobiernos autonómicos coordinen sus servicios sanitarios y sociales, y con el objetivo de evitar lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19 en algunas residencias.
