Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha: "La Ley de Gestión Pública tiene que ser flexible, la privada es necesaria"

Diferentes fuerzas políticas se han opuesto de forma tajante a la norma advirtiendo de que esta puede conducir a una "sanidad colapsada" y añadiendo que detrás de ella hay más una finalidad política que sanitaria.

Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, aclara que la nueva ley debe ser "más flexible", ya que los conciertos público-privados "hacen mucho bien" y el sector privado "es un complemento necesario para el sistema que ayuda a atender mejor a las personas".

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En una entrevista para EL ESPAÑOL-Invertia, señala que, aunque en la región el 98% de la prestación es pública, "la privada forma igualmente parte de nuestro día a día y no se puede renunciar a todo lo que nos aporta".

"Nosotros tenemos un montón de colaboración público-privada que no se basa sólo en atender al paciente; está en otras muchas cosas, como en proyectos de alta tecnología, de desarrollo digital, de investigación clínica y conciertos que tenemos con el Instituto de Salud Carlos III", precisa.

Ahora mismo, lo que se conoce del texto en el que está trabajando Sanidad es que sólo será posible la gestión privada de centros públicos (o gestión indirecta) cuando no se pueda acceder a la prestación pública. ¿Cree que es demasiado radical? ¿Que sería lo más justo?

Creo que la ley nace para asegurar la prestación asistencial pública, que es correcto, pero también necesitamos de una manera coyuntural el apoyo de la prestación privada.

Por eso, la normativa tendrá que ser más flexible para que eso se pueda llevar a cabo. No sólo para descongestionar las listas de espera, también, a veces, por la cercanía o por la propia necesidad. Por ejemplo, en la región tenemos una fórmula mixta en el caso de los cribados. Hay algunos que los hacemos en la pública y otros a través de conciertos.

Precisamente, siempre estamos analizando ambos resultados para saber dónde funciona mejor. Por eso, habrá situaciones que podamos llegar más con la pública y otras donde tengamos que seguir con el concierto y creo que la ley tiene que ser más tolerante.

Hace unos días, en el Consejo Interterritorial se acordó con el ministerio buscar un órgano independiente para mediar entre el departamento y los sindicatos médicos. ¿Qué cree que puede pasar en la próxima reunión después de Semana Santa? ¿Aceptará el comité de huelga?

Nosotros propusimos una organización de pacientes, en concreto a la POP, porque vimos que la mediación con el Foro no estaba funcionando.

Pero claro, ahora también tienen que pasar dos cosas: una, que lo acepte la otra parte de la negociación, que son los sindicatos, y que además, una vez que lo acepten o no, que ellos propongan también un ente.

Creemos que lo suyo sería que hubiera dos mediadores, uno propuesto por el Ministerio de Sanidad y comunidades y otro por parte de los médicos.

Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de CLM, durante la entrevista con EL ESPAÑOL en su despacho. Javier Longobardo

A la vez también pedimos que lo más adecuado es que se vaya desescalando el paro mientras estamos negociando. Creo que sería lo razonable, pero bueno, todo esto lo tienen que ver en la siguiente reunión posterior a la Semana Santa.

Dicho esto, cuando se empezó a trabajar en las medidas que se iban a incluir en el Estatuto Marco, nuestro Gobierno regional ya advirtió a la ministra que algunas peticiones, como definir las guardias, no eran competencia y no correspondía regularlo en esta norma. Y todo esto nos ha llevado al punto en el que estamos.

Es cierto que muchas de las demandas de los médicos deben pactarse con las comunidades porque las competencias están transferidas. ¿Ustedes están teniendo citas con los facultativos?

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha sentado y ha tenido varias reuniones periódicas con el comité de huelga autonómico. De hecho, la próxima será el 8 de abril.

Es cierto que la mayoría de acuerdos a los que han llegado comunidades como Asturias o Galicia, nosotros ya los tenemos implantados. Por ejemplo, logramos las 35 horas máximas de trabajo y otras series de cuestiones.

Sin embargo, ahora estamos centrados en un tema muy común a las huelgas que es la recuperación de la carrera profesional. Justo hace una semana, tuvimos la primera reunión después del anuncio (el 16 de marzo) y se está trabajando para hacerlo en base a tres premisas.

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La primera, recuperarlo por ley. Seguramente seremos la única comunidad que lo haga así. Sé que hay una ley foral en Navarra que también lo contempla, pero el resto de regiones no lo tienen por normativa.

Por otro lado, recuperaremos por ley un nuevo modelo de trabajo en el que se alineen los objetivos de la empresa con las labores de investigación o la formación. En definitiva, todas esas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo profesional.

Y la tercera premisa es crear todo un proceso extraordinario partiendo desde cero. Esto es lo que hemos empezado a acordar desde el jueves y vamos a ver si cuanto antes se puede llegar a un consenso. Hemos entregado un documento a las organizaciones sindicales y ahora estamos esperando a ver qué opinan.

Aunque no tenemos una fecha límite queremos cerrarlo cuanto antes, y estamos trabajando desde el punto de vista financiero para que así sea.

Hace unas semanas, el Partido Popular (PP) mantuvo una reunión con los sindicatos médicos en la que se comprometió a implantar una financiación finalista para la sanidad en el caso de que llegue al Gobierno en la próxima legislatura. ¿Qué opina de esto?

En nuestro caso, estamos absolutamente en desacuerdo con la propuesta de financiación autonómica que baraja el Gobierno.

Primero porque es injusta. Precisamente, lo bueno de un país como el nuestro desde que tenemos democracia es que todos aportamos para que todo el mundo pueda recibir lo mismo, tengas o no tengas. O es que vas a recibir una sanidad diferente si aportas más o si aportas menos. Por lo tanto, la distribución tiene que ser igualitaria.

Por eso, denunciamos que Castilla-La Mancha es de las regiones más infrafinanciadas de toda España. Por lo tanto, lo que pedimos no es finalista: es financiación justa y adecuada para todos nuestros servicios.

Lo que sí hemos pedido a la ministra es que las medidas que se han incluido en el Estatuto Marco tengan una financiación finalista

No obstante, lo que sí hemos manifestado a la ministra de Sanidad es que las medidas que se han incluido en el Estatuto Marco (penosidad de las guardias o la jubilación anticipada) se financien a través de fondos finalistas.

Es decir, tendrá que haber financiación. Tendrá que haber fondos para esto que están pidiendo y que ella está negociando para conseguirlo. Porque ella negocia con los sindicatos ciertas cosas que luego vamos a tener que administrar las comunidades autónomas.

Por otro lado, el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que ha recibido la eutanasia, ha puesto de nuevo el foco en el laberinto administrativo que tienen que pasar los pacientes para acceder a dicha prestación. Por este motivo, el nuevo Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia 2026 contempla reducir los plazos. ¿Qué supone esto para el paciente? ¿Hay más novedades?

Así es, la mejor medida que contempla este nuevo manual es que se van a poder reducir los tiempos lo máximo posible. Se van a acortar en todas las fases del proceso en cuanto a pruebas, dictamen y revisiones de la comisión. Nos hemos dado cuenta de que todavía hay mucha gente que muere esperando la prestación. En el caso de Castilla-La Mancha, ha sido el caso de 32 personas en estos últimos cuatro años.

Otro factor importante es hacerlo no sólo por acortar los tiempos, sino también con más consenso por parte de todas las partes. Se van a adaptar las autorizaciones para que haya más acuerdo y que los profesionales, la familia y la persona sean un nexo común.

También, la enfermera va a jugar un papel importante en esto: se van a reforzar sus funciones. Va a tener un mayor protagonismo no sólo en la administración del fármaco, sino también en el desarrollo y en el acompañamiento a lo largo de ese proceso, que también es importante.

El Gobierno ha empezado a tramitar un Real Decreto para unificar las listas de espera. ¿Qué papel tienen las comunidades en esto? ¿Qué saben de ello?

Nosotros de forma paralela estamos trabajando en un decreto de transparencia, sin embargo estamos esperando a que salga la ley a nivel estatal del ministerio para lanzarlo.

El Consejero de Sanidad de CLM durante una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. Javier Longobardo

En nuestra normativa vamos a detallar qué tipo de pacientes son los que más esperan, en qué unidades, territorios y especialidades. Todo esto lo estamos trabajando al margen para cuando se pueda compartir.

Con todo, quiero matizar que las listas de espera han aumentado por varios motivos, entre ellos que el 40% de la asistencia la dedicamos a los diagnósticos oncológicos y sus cirugías, y esto cada vez requiere más complejidad. Y se le está dando más prioridad a ello. También, han crecido por la detección precoz: hoy hacemos tres veces más colonoscopias que hace diez años. De esas, más de un tercio son preventivas.

Otro de los puntos de conflicto a nivel estatal y, sobre todo, que lleva años arrastrando Castilla-La Mancha es la polémica con el transporte sanitario. Los técnicos de emergencia denuncian que a pesar de que se renuevan las licitaciones, ellos siguen con los salarios congelados. ¿Qué se puede hacer ante esto?

A ver, hay que dejar claro que los salarios de los trabajadores no tienen nada que ver con los contratos. Además, tengo que destacar que del anterior concurso que fue en 2017 a este (que se adjudicó hace una semana) hay una diferencia de 258 millones de euros más.

Jesús Fernández, consejero de Sanidad de CLM, durante una entrevista con este diario. Javier Longobardo

Es decir, este concurso es el más grande que ha licitado la Junta. Son 551 millones para cinco años, unos 109 millones al año.Conlleva la incorporación de 110 profesionales y 48 recursos y vehículos más. Estos son números insalvables, públicos y transparentes.

Ahora la polémica puede ser que se congelen los salarios. Primero, creo que no, pero es algo en el que yo no debo intervenir porque es una relación entre empresas y profesionales, no entre la administración y los trabajadores. Estos están inmersos en un convenio.

La precarización se asoma al transporte sanitario: los salarios bajos y congelados se suman a las ambulancias obsoletas

Si hay un nuevo convenio y se fija que la hora tiene que ser de tal cantidad, nosotros tendremos que actualizarlo, que eso fue lo que nos pasó con el concurso anterior. Por eso, hemos tenido que sacar uno nuevo para pagar lo que habían acordado los profesionales, sindicatos y patronal. Hemos blindado la cantidad de dinero para que al menos cobren lo que deberían.

Pero no podemos sacar una licitación con el convenio que vaya a haber el año que viene o dentro de dos.

Por último, el Hospital de Parapléjicos de Toledo se ha consolidado como un centro referente a nivel nacional. ¿Va a incorporar nuevos servicios?

Pues este último año, Amancio Ortega donó 11,2 millones de euros para un quirófano que vamos a poner en marcha especial para el daño medular y para una serie de tecnologías que se están desarrollando. Esto lo firmamos hace unos meses.

Con todo, el hospital destaca porque no sólo tratamos el daño medular, sino que hay un tratamiento integral holístico desde el punto de vista psicológico, de recuperación, es decir, les enseñamos a vivir con su nueva patología.

Y lo hacemos a través de la propia curación de la enfermedad y además guiándole en cómo se va a tener que comportar a partir de ahora, cómo tiene que moverse, qué tiene que hacer, cómo tienen que ser sus cuidados o qué se va a ver más afectado con su inmovilidad.