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Toledo, Granada, Barcelona, León, Zaragoza, Murcia, Oviedo y Lugo: candidatas oficiales para la Agencia de Salud Pública
Finalmente, Salamanca no entrará en la lista de aspirantes. Y el nombre de la ciudad elegida se conocerá antes del 17 de febrero.
Más información:Nueve ciudades se disputan la Agencia Estatal de Salud Pública en una carrera que encara su recta final
La futura Agencia de Salud Pública ya tiene sus aspirantes. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho oficial las ocho candidatas que aspiran a alojar la sede de la nueva institución, después de que este pasado domingo 18 de enero se cerrara el plazo para presentar las candidaturas.
En concreto, Toledo (Castilla-La Mancha), Granada (Andalucía), Barcelona (Cataluña), León (Castilla y León), Zaragoza (Aragón), Murcia, Oviedo (Asturias) y Lugo (Galicia) serán las que compitan en una carrera que ya encara su recta final, según ha confirmado el departamento en un comunicado.
El procedimiento recoge que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, puedan postular distintas localidades para albergar sedes de las entidades que componen el sector público institucional estatal.
De esta manera, regiones como Castilla y León ofreció Salamanca y León para alojar el órgano. No obstante, parece ser que una de ellas se ha quedado en el camino: Salamanca. Aunque tenía el respaldo de la Junta, su ayuntamiento ha decidido no presentarla.
El proceso, que se enmarca dentro de la política de descentralización de sedes iniciada por el Gobierno de España, da ahora un paso más. El Ministerio de Sanidad tendrá que presentar un informe en un plazo de diez días.
Después de esto, la Comisión Consultiva elaborará y emitirá un dictamen.
Finalmente, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, con un plazo máximo hasta el 17 de febrero, y se publicará oficialmente en el BOE el 18 de febrero.
Funciones
La Agencia de Salud Pública trabajará en coordinación con las comunidades autónomas. Así, en julio de 2025, se aprobó su creación en el Congreso con el objetivo de que el país mejore sus capacidades y esté preparado frente a amenazas sanitarias.
Entre sus principales funciones está la vigilancia de la salud pública y la evaluación y comunicación de todos los riesgos sanitarios y las actividades de planificación y respuesta ante emergencias sanitarias.
Así, se espera que entre en funcionamiento en el primer semestre de 2026. Por ello, los pliegos valorarán favorablemente que las instalaciones estén disponibles para ser ocupadas.
