El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha revisado el Plan Antitabaco del Gobierno, aprobado por el Ministerio de Sanidad y que no ha requerido la aprobación de las autonomías. Pese a ello y a que al principio sólo contaba contó con el apoyo de cinco comunidades, en términos generales las regiones del Partido Popular lo han avalado. 

Ello ha sido posible después de que Sanidad se comprometiera a dar financiación al plan antitabaco. Con todo, los aspectos más relevantes, como cuáles serán los nuevos espacios en los que estará prohibido fumar y cuál será la fiscalidad del tabaco, quedan pendientes del futuro y necesario desarrollo legislativo. 

En este sentido, Mónica García, ministra de Sanidad, ha defendido en rueda de prensa la "coautoría de las comunidades autónomas del plan" y su participación en él.

Enmiendas

Los argumentos de García se centran además en que ninguna región ha presentado una "enmienda a la totalidad" y que Sanidad ha incluido "el 94% de las enmiendas parciales presentadas" por los responsables autonómicos esta semana. 

Cabe recordar que este plan pone los cimientos de lo que será la futura ley contra el tabaco, en la que se definirán "los espacios libres de humo" y la nueva fiscalidad del tabaco, ha dicho Mónica García.

Estos aspectos se definirán en una futura ley. La voluntad del Ministerio de Sanidad es que se incluyan terrazas, marquesinas o campus universitarios entre los espacios libres de humo. 

Estos "desarrollos legislativos" se pondrán en marcha cuanto antes, pero García ha evitado poner plazos concretos sobre su aprobación definitiva, una vez pase por las Cortes. 

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Precisamente por estos desarrollos legislativos, Sanidad ha decidido que finalmente las regiones no tengan que decidir si se adhieren al Plan de manera voluntaria o no, puesto que sin ellos la estrategia todavía no está completa y faltan detalles por cerrar. 

Cabe recordar que, además de ampliar los espacios libres de humo, el Ministerio de Sanidad también incluye en el plan la prohibición de los dispositivos de un solo uso relacionados con el tabaco.

El objetivo aquí, más allá de la salud pública, es reducir la huella ecológica. A esto, se suma la equiparación de la legislación para productos del tabaco, en el marco de la regulación de la venta y el consumo de productos relacionados con el mismo (con y sin nicotina).

Todas estas medidas estarán contempladas en los futuros desarrollos legislativos y, cuando estas se vayan concretando, se irán dotando de la financiación que precisen.

Otros pasos de Sanidad

Aunque muchas medidas se pondrán en marcha en los próximos años, dado que se necesitará de la legislación para ello, el Gobierno ya ha dado otros pasos en la lucha contra el tabaquismo.

El pasado mes de enero, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los relacionados con el mismo.

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Así, el Ejecutivo ha prohibido la venta de los cigarrillos electrónicos de tabaco calentado (en España la única marca de este tipo que se comercializa es Iqos) que contienen aromas (es decir, de sabores).

Además, la nueva norma obliga a que en el etiquetado de este tipo de tabaco figuren las advertencias de que es perjudicial para la salud. Los vapeadores se quedaron fuera de esta nueva regulación, ya que no contienen tabaco, aunque sí pueden llevar nicotina.

Conciertos

Durante la rueda de prensa posterior al Interterritorial, García ha anunciado que se ha acordado una Comisión de Atención Primaria y un grupo de trabajo para la reducción de las listas de espera.

Por otro lado, ha insistido en la voluntad del Gobierno de sacar adelante la Ley de Gestión Pública de los Servicios Sanitarios, pero ha aclarado que no es para impedir que la sanidad pública trabaje con el sector privado. 

"Queremos blindar nuestros servicios sanitarios, pero no a los conciertos y a las concesiones, sino a la corrupción y al lucro. Hay conciertos y convenios que se pueden seguir haciendo. No conllevan ni ánimos de lucro ni determinadas fórmulas que puedan detraer dinero público para las cuentas de una empresa privada", ha aclarado.