Salvador Illa, en su última comparecencia en Moncloa.

Salvador Illa, en su última comparecencia en Moncloa.

Observatorio de la sanidad

Sanidad usó una asesoría jurídica como importadora de material sanitario por valor de cinco millones de euros

Se trata de la sociedad limitada malagueña Value & Bro, a la que se le adelantaron 2,5 millones para la adquisición de hisopos. 

23 abril, 2020 02:41

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Los proveedores que ha utilizado el Ministerio de Sanidad para adquirir material sanitario siguen resultando sorprendentes. Según la documentación a la que ha tenido acceso Invertia, el departamento que dirige Salvador Illa ha usado como importadora de productos para la Covid-19 a una pequeña asesoría jurídica en Málaga llamada Value & Bro, de la abogada Paola Martínez Ledesma.

Concretamente, Sanidad ha fiado a esta micropyme un contrato por valor de 5,1 millones de euros a por el suministro de 700.000 unidades de hisopos (bastoncillos para recoger muestras) “como medio de transporte” para el diagnóstico del Covid-19 de la empresa china Guangzhou Deaou Bio-Technology. Un producto que cuenta con certificado CE, según la documentación aportada. El acuerdo se cerró hace escasas fechas, el pasado viernes 17 de abril.

En el documento de Sanidad se explica que más de 2,5 millones, la mitad del contrato, se abonaron en la firma de la licitación, puesto que “al tratarse de una importación la empresa tiene pagar al proveedor por adelantado. El 50 % restante se abonará una vez acreditada la entrega total de las mercancías”.

Llama la atención que Sanidad decidiera fiar un contrato de esta cuantía a una empresa unipersonal con escaso negocio. Nacida en Málaga en 2013, Value & Bro facturó solo 4.300 euros en el año más reciente del que hay registros, 2018.

Además, como principal actividad no figura precisamente la importación de productos sanitarios o farmacéuticos o de cualquier otro bien, sino el asesoramiento jurídico, laboral y tributario.

En cambio, un vistazo al perfil profesional de Paola Martínez Ledesma, su administradora única, revela una inclinación hacia la labor mercantil. Esta jurista es administradora concursal y está especializada en el Derecho Mercantil.

Es más: según la página web del despacho Molina Abogados, del que es colaboradora, es experta en la constitución de compañías y en la redacción y revisión de actos y contratos mercantiles.

Test fallidos

La polémica ha sido la nota predominante de las compras de material sanitario del Gobierno contra el coronavirus en las últimas semanas. Como ya ha contado este medio, Sanidad ha decidido prescindir del apoyo de los suministradores habituales de material sanitario para sus compras en China, a pesar de que estos transmitieron al Ministerio su intención de facilitarle sus contactos en el mercado asiático.

El caso de Value & Bro se suma al de Inter Pharma. Los contratos publicados a través de la Plataforma del Sector Público revelaron este martes que esta empresa dedicada a la fabricación y distribución de medicamentos y productos de parafarmacia fue la que importó los test de diagnóstico rápido fallidos de Covid-19 de la empresa china Bioeasy.

De hecho, según informaciones reveladas por El Mundo, el contrato del Gobierno con Inter Pharma, por valor de 17 millones de euros, se firmó antes de que esta empresa dispusiera de la preceptiva licencia gubernamental para importar productos sanitarios del país asiático. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) expedió dos días después una "autorización extraordinaria".

Segunda tanda

El uso de la asesoría jurídica Value & Bro para importar millones en material sanitario ha quedado revelado por una segunda tanda de contratos que el Gobierno ha revelado a través del portal de Contratación Pública este martes.

Sin embargo, a diferencia de la primera hornada en la que los licitadores eran mayoritariamente compañías poco conocidas y empresas chinas de desconocido origen, en esta ocasiones los licitadores son empresas o multinacionales con reputación en el sector sanitario o del diagnóstico. Estos son los casos de Drager, 3M y Oiarso.

A través de estos contratos, el Gobierno se ha asegurado un suministro de más de 60 millones de mascarillas quirúrgicas y al menos 5.000 respiradores. Todo ello por un coste superior a los 58 millones de euros.

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