El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros, este martes, en el Palacio de la Moncloa.
El Gobierno aprueba un plan de 20 M en indemnizaciones para las víctimas de los accidentes de tren de Adamuz y Gelida
En caso de una persona fallecida, el pago ascenderá a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos.
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El Gobierno ha aprobado un mecanismo de indemnizaciones con 20 millones para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Entre los dos siniestros, 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas.
Así lo ha confirmado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Se trata de un Real Decreto para establecer ayudas inmediatas a las víctimas y adelantar parte de la indemnización con cargo al seguro de responsabilidad civil.
“Este Real Decreto nace del aprendizaje y de una convicción clara de que el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios y debe anticiparse”, ha dicho el ministro.
En total, son 20 millones de euros. De ellos, 10 millones de euros son en ayudas y otros 10 millones en anticipos.
En concreto, el ministro ha explicado que el importe en caso de una persona fallecida ascenderá a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, en todos los casos libre de impuestos.
En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo.
Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determine las lesiones y también las personas fallecidas, las víctimas recibirán una cantidad adicional idéntica por parte del seguro obligatorio. De esta forma, en un plazo no superior a tres meses, una víctima por fallecimiento recibirá 210.000 euros.
Puente ha asegurado que el ordenamiento jurídico reconoce los derechos de las víctimas a tener asistencia integral, pero que saben que “los procedimientos ordinarios no solo responden a la urgencia vital”.
Accidentes de transporte colectivo
En paralelo, Puente ha anunciado que se van a iniciar las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo estructural de intervención pública mediante el cual el Estado pueda asumir, atendiendo a diversos factores y con carácter anticipado, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo.
Esto se hará sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables del accidente, es decir, se trata de un mecanismo que garantice una atención en este tipo de siniestros en el transporte colectivo.
