La infraestructura de carga para el vehículo eléctrico es el principal talón de Aquiles para el despliegue de la movilidad cero emisiones en España. Un mal que el país lleva arrastrando desde hace años y que está provocando que estemos a la cola de la adopción del coche eléctrico en Europa. A esta situación se va a sumar que, con la llegada del nuevo año, se va a registrar un número importante de incumplimientos legales.

El pasado 1 de diciembre de 2021 el Gobierno aprobó el Real Decreto ley 29/2021 que buscaba poner en marcha medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. Dicha normativa, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero, fijaba una serie de objetivos para ello.

Entre los requerimientos más importantes, destacaba el que fijaba la obligatoriedad de que una serie de espacios públicos contara con puntos de carga para vehículos eléctricos. Supermercados, hoteles, restaurantes, centros comerciales, garajes públicos y centros de trabajo debían ser equipados con cargadores.

[La falta de avances tensiona el grupo de trabajo sobre la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico]

El número de puntos de este tipo vendría dado por el número de plazas. Por ejemplo, los edificios no residenciales privados de más de 20 plazas deberán tener, al menos, un cargador por cada 40 plazas de aparcamiento. Un límite que llega a las 100 plazas para aparcamientos con capacidad para más de 1.000 vehículos.

Según señalan diferentes fuentes del sector de la movilidad a este medio, miles de emplazamientos de este tipo a lo largo y ancho de toda España no van a cumplir estos requisitos el próximo 1 de enero. A falta de un mes y medio para que llegue la fecha fijada en el Real-Decreto, no queda tiempo efectivo para realizar estas instalaciones.

Incumplimiento masivo

Detrás de este incumplimiento masivo existen diferentes razones. Por un lado, ha existido un alto nivel de despreocupación y desconocimiento de una legislación que afectaba a un número muy importante de recintos. Cuando la fecha se ha ido acercando y se iba tomando conciencia de la situación los plazos de instalación no permiten llegar.

En esto momentos existe dificultad en los mercados para conseguir partidas de cargadores. La demanda mundial está totalmente desbocada y los productores no cuentan con capacidad suficiente para atenderla. Del mismo modo, en España existe escasez de profesionales capaces de realizar este tipo de instalaciones.

Puntos necesarios

A todo esto se suman las barreras administrativas. Pese a las mejoras que se han intentado poner en marcha en los últimos meses, la realidad del sector señala que los plazos para poner en marcha un punto de carga están por encima de los 12 meses. Unos tiempos que varían de forma importante en función de las comunidades autónomas. 

Aunque no existe un objetivo fijado de puntos de carga para 2023, las estimaciones del sector oscilan entre los 45.000 y los 100.000 puntos. Una meta que, dado el nivel de desarrollo actual, está muy lejos si se compara con los puntos actualmente activos en España.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) es uno de los pocos entes que, además de fijar metas intermedias para cumplir los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) para 2030, está realizando un seguimiento al despliegue de esta infraestructura clave para la adopción del automóvil eléctrico.

Los datos recopilados hasta octubre de 2016 señalan que España cuenta con 16.000 puntos de carga activos. Una cifra que supone poco más de un tercio de la infraestructura que se necesitaría según las proyecciones más optimistas.

Así las cosas, miles de edificios, locales y negocios de toda España afrontan 2023 con la práctica seguridad de incumplir la regulación puesta en marcha para fomentar la infraestructura de carga de los vehículos eléctricos. Unas infracciones que, a partir del próximo 1 de enero, podrá llegar a conllevar el pago de multas.