En primer lugar, España contará con un nuevo mapa de rutas estatales de autobús. Una vez esté vigente ese nuevo diseño, se licitarán las condiciones para la totalidad de las rutas que conformen la futura red. Pero los cambios no terminan ahí. Por primera vez, el Consejo de Ministros tendrá potestad para autorizar la libre competencia de determinados servicios.

La decisión modificará de forma muy profunda uno de los segmentos de la movilidad interurbana con mayor impacto en la ciudadanía. Solo durante 2019, último año con datos sin efecto de la pandemia, 31 millones de españoles optaron por este medio de transporte, lo que generó un negocio de 348 millones de euros. 

Los informes con los que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha preparado el nuevo reglamento señalan que el objetivo de este cambio es "canalizar los grandes flujos del transporte por autobús haciendo que las concesiones del Estado cumplan su papel". Un argumento al que añaden la importancia de "superar el bloqueo actual". 

Concesiones caducadas

Con la puesta en marcha de esta renovación, el equipo liderado por Raquel Sánchez afronta uno de los conflictos que más tiempo llevan vigentes en el ámbito de la movilidad. La mayoría de las 80 concesiones estatales de autobús están caducadas. Una situación que lleva años generando gran controversia en el sector entre los que defienden el actual modelo concesional y las compañías que consideran que España debería abrirse a una liberalización total.

La solución que se incorporará en la Ley de Movilidad Sostenible va a ser un punto intermedio entre ambas visiones. Por un lado, la creación de un nuevo mapa de concesiones va a permitir que parte de las líneas que actualmente están vigentes y no tienen gran atractivo comercial sean modificadas. Un diseño que deberá estar listo un año después de la puesta en marcha de la Ley. Del mismo modo, surgirán nuevos trazados que permitirán la puesta en marcha de rutas que, actualmente, no se pueden operar. 

Las concesiones estatales serán, en general, entre capitales de provincia o poblaciones de más de 50.000 habitantes. Del mismo modo, el nuevo modelo abrirá la puerta a puntos de parada que potencien el modelo intermodal para servir como conexión directa tanto con estaciones de alta velocidad ferroviaria, como con aeropuertos o instalaciones marítimas. 

Contador a cero

Una vez entre en vigor el nuevo mapa concesional, arrancará el proceso de adjudicaciones de las nuevas rutas. Toda la red estatal entrará en concurso de libre concurrencia, lo que permitirá que, por primera vez en décadas, operadores tradicionales y nuevos puedan hacerse con rutas de autobuses que conecten ciudades españolas.

En este sentido, será importante la evolución que la liberalización ferroviaria tenga en los corredores donde existe competencia. Tanto la intención del Gobierno de España como la de la Unión Europea es intentar sacar de la carretera el mayor número de usuarios y trasladarlos al tren.

El proceso se cerrará en dos años. Este el tiempo que el Gobierno tendrá para cerrar las nuevas concesiones. Hasta que esto ocurra, los actuales acuerdos se seguirán prestando hasta la puesta en marcha tanto del diseño de las nuevas rutas como de la entrada de los operadores que se harán con las futuras concesiones. 

Más competencia (si el Gobierno quiere)

Dentro de este diseño podrán convivir rutas que mantengan un modelo concesional similar al actual con otras en las que se dé entrada a la libre competencia. La Ley de Movilidad va a dotar al Consejo de Ministros de la potestad de introducir diferentes operadores en los trazados en los que las condiciones lo justifiquen.

Aunque será potestad del Gobierno de turno elegir qué rutas y en qué momento se aumenta el nivel de competencia, desde el sector señalan que este modelo solo tendrá sentido en corredores en los que el coste y el volumen de pasajeros justifiquen que la entrada de más de un operador reporta beneficios a los pasajeros y, además, mantiene los niveles de rentabilidad para los participantes. 

Hoy día resulta imposible predecir qué rutas serán susceptibles de contar con competencia. El diseño final de los trazados, el efecto de la pandemia y el éxito que tenga el ferrocarril, en aquellos trazados en los que operará cuando la liberalización ferroviaria llegue a completarse, configurarán un nuevo campo de juego para el autobús en el mix de la movilidad. 

Así las cosas, la nueva Ley de Movilidad Sostenible, además de un marco para modernizar las políticas en materia de transporte, traerá bajo el brazo una de las reformas más profundas que vivirá el mercado español. Una transformación en la que operadores tradicionales y nuevos deberán pelear en los dos próximos años por volver a configurar un mapa que seguirá siendo fundamental para millones de pasajeros al año.