La Comisión Europea ha llevado este miércoles a España y otros nueve países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso en la transposición a sus reglamentos nacionales del Código de las Comunicaciones Electrónicas de la UE, que en España se realizará a través de la Ley General de Telecomunicaciones, actualmente en trámite parlamentario.

En un comunicado, la CE detalla que su decisión de llevar ante el TJUE a España, Croacia, Letonia, Lituania, Irlanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia se debe a que estos países no han transpuesto por completo ni notificado a la CE las disposiciones nacionales de transposición del código.

La fecha límite para realizar este proceso fue el 21 de diciembre de 2020. Sin embargo, la Comisión se vio obligada a incoar veinticuatro procedimientos de infracción el 4 de febrero de 2021 por el incumplimiento de los plazos. El 23 de septiembre del mismo año remitió dictámenes motivados a dieciocho Estados miembros por el mismo motivo.

En España, la transposición del Código de las Comunicaciones Electrónicas de la UE se realiza mediante de la Ley General de Telecomunicaciones, cuyo proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre y está pendiente de su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.

Precisamente, la semana pasada el Consejo de Ministros solicitó que se inicie la tramitación parlamentaria de Ley de Telecomunicaciones por el procedimiento de urgencia. El proceso de presentación de enmiendas ya concluyó hace unas semanas. 

Entre las novedades de la ley se encuentra una reforma del servicio universal de telecomunicaciones, una ampliación de funciones del 112 con la posibilidad de crear un sistema de alertas públicas y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico, entre otras. 

Por su parte, el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas actualiza el marco regulador que rige el sector europeo de las telecomunicaciones para ajustarlo a los nuevos retos. Entró en vigor en diciembre de 2018 y los Estados miembros tenían dos años para transponer sus normas.

La CE afirma que la nueva regulación beneficia tanto a los consumidores como a la industria mediante el estímulo de la competencia, el fomento de las inversiones y el refuerzo del mercado interior y de los derechos de los consumidores.