Así queda recogido en el Anteproyecto de Ley Reguladora de Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública y de Planes de Pensiones de Empleo Simplificados, texto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Los concursos se harán “respetando los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia a través de un procedimiento abierto”, reza el documento. Con una periodicidad máxima de tres años, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, convocará a través de la Comisión Promotora y de Seguimiento un procedimiento abierto entre entidades gestoras de fondos de pensiones para la constitución y gestión de nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública.

La dimensión media mínima deberá ser “adecuada para obtener economías de escala y optimizando el número de fondos existentes”, como se recoge en el artículo 63.

En términos cuantitativos, la gestora en cuestión habrá de tener un volumen de patrimonio bajo gestión en fondos de pensiones al cierre del ejercicio anterior superior a 1.000 millones de euros, o estar constituida como mutualidad de previsión social cuyas provisiones matemáticas del ejercicio anterior superen los 1.000 millones.

Criba de entidades

Además, tendrá la “obligación de alcanzar un patrimonio mínimo en los términos que se establezcan en el proceso de selección”.

Se presentarán un máximo de tres propuestas de fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) junto con una entidad depositaria. En función del volumen bajo gestión, se podrán presentar dos variantes.

En primer lugar, dos propuestas de FPEPP para las gestoras con un volumen superior a 1.000 millones e inferior a 3.000 millones. O bien tres propuestas de FPEPP para las gestoras con un volumen superior a 3.000 millones de euros.

Atendiendo a estos condicionantes, peligra la participación de gestoras como Mutuactivos (Mutua Madrileña), Catalana Occidente, Banca March, Generali, Cobas, Seguros El Corte Inglés o Allianz, entre otras. Todas están por debajo de la cota de los 1.000 millones de euros en fondos de pensiones, en base a las cifras de Inverco.

En el caso de los bancos custodios, habrá que ser depositario de un volumen de activos en fondos de pensiones al cierre del ejercicio anterior al que se realice la propuesta superior a 10.000 millones de euros, detalla el artículo 64 del anteproyecto.

Con esta condición, podrían quedarse fuera bancos comerciales de tamaño medio como Banco Sabadell, Bankinter o Banco Cooperativo Español, especializados como Renta 4 o mayoristas como Inversis Banco, con datos del ranking que elabora la publicación ‘Funds People’.

Un año de permanencia

En la disposición transitoria primera del texto, también se especifica que hasta el ejercicio 2023, no se permitirá la movilización de los derechos consolidados de los partícipes de los planes de pensiones simplificados integrados en fondos de pensiones de promoción pública a otros planes de pensiones.

Antes, en la disposición adicional primera, se establece que, para facilitar la promoción y el seguimiento de los FPEPP, se asignarán recursos humanos y materiales suplementarios a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a consignar presupuestariamente a partir de 2022. “Los recursos humanos se dotarán a razón de tres personas por cada diez fondos de pensiones a promover”, se precisa. 

Asimismo, para facilitar la supervisión de los FPEPP, se asignarán recursos humanos y materiales suplementarios a la Dirección General de Seguros y Planes y Fondos de Pensiones a consignar presupuestariamente a partir de 2022 “en razón de dos personas por cada diez fondos de pensiones nuevos”.