Mucho se ha escrito sobre el enorme palo que ha supuesto para los planes de pensiones privados el nuevo tratamiento fiscal incorporado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Hay unanimidad en la idea de que el recorte de incentivos no es bueno para el sector. Yo iría un paso más allá.

Creo que la decisión de desincentivar las aportaciones al ahorro privado suponen el fin de un producto que, aun estando mal diseñado, correctamente potenciado debería ser un gran alivio a la deficiente situación de las pensiones.

España tiene 9,8 millones de pensionistas a los que destina un gasto total de casi 10 mil millones de euros. La decisión de recortar la fiscalidad al ahorro-jubilación individual no se toma pensando en la base de pensionistas sino en los 19 millones de afiliados a la seguridad social, que son los realmente afectados.

Desincentivar las aportaciones al ahorro privado suponen el fin de un producto que correctamente potenciado sería un  alivio a la situación de las pensiones.

En España hay 7,6 millones de partícipes en planes de pensiones individuales lo que supone un 38% de los afiliados, un porcentaje que se elevaría muy por encima del 40% incluyendo planes de empleo colectivos. Se podría decir por tanto que hay tantos pensionistas como ahorradores e igualmente inferir que uno de cada dos afiliados tiene un producto de ahorro específico para su jubilación (estoy excluyendo de forma intencionada unit linked, PIAS y PPA).

¿Por qué el Gobierno desincentiva las aportaciones hasta el punto de parecer querer extinguir esta vía de ahorro privado? Según el Tribunal de cuentas, la Seguridad Social ha perdido en la última década más de 100.000 millones de euros, un organismo que tiene un patrimonio negativo que le lleva a mantener una deuda acumulada con el Estado de más de 41.000 millones de euros. Con esta carta de presentación no parece muy lógico eliminar una fuente de ahorro complementario que, insisto de nuevo, bien diseñada podría aliviar de una pesada carga al contribuyente.

Y es que eso es precisamente lo que supone esta reforma, desincentivar las aportaciones a planes de pensiones privados hasta el punto que el futuro más plausible sea su desaparición.

Según la patronal del sector, el patrimonio medio invertido en pensiones individuales es de 9.700 euros, una cifra que se ve notablemente minorada como consecuencia de la desastrosa fiscalidad diseñada en el momento del rescate.

Desincentivar las aportaciones a planes de pensiones privados hasta el punto que el futuro más plausible sea su desaparición.

No estamos hablando por tanto de grandes fortunas ni de los altos patrimonios que centran la ira de las políticas de la izquierda. Todo lo contrario. Se trata de una vía modesta y poco onerosa para las arcas del Estado. 

Si tenemos en cuenta que reduciendo la desgravación el ahorro pretendido por el Gobierno es de apenas 580 millones de euros, esta cifra supone una gota en el mar de gasto público que son los 456.000 millones de los PGE. Sin embargo, sus consecuencias son como las que describe la teoría del caos con el aleteo de una mariposa.

De entrada, teniendo en cuenta que el perfil tipo del ahorrador en pensiones se concentra en el 57% de la recaudación, ese teórico ahorro que pretende el Estado va a reducir las aportaciones anuales en una cifra aproximada de 1.700 millones de euros. Es decir, que por cada euro que se ahorra el Estado hoy, el contribuyente dejará de aportar a su plan tres euros.

Como decía anteriormente, la fiscalidad del rescate está tan mal diseñada para el contribuyente que al Estado le supone más que una menor recaudación por desgravaciones un diferimiento del cobro de impuestos.

La fiscalidad del rescate está tan mal diseñada para el contribuyente que al Estado le supone más que una menor recaudación por desgravación un diferimiento del cobro impositivo. 

El ahorrador en un plan de pensiones, que de media destina unos 500 euros al año, no tendrá incentivo alguno a realizar aportaciones periódicas pues la iliquidez del producto es otro factor añadido en contra. Si tenemos en cuenta además que la rentabilidad neta media de las pensiones es desoladora (apenas el 2,8% en los últimos diez años), bien se podría decir que este paso supone una muerte casi asegurada. 

El gobierno busca una vía más comprometida con incentivos a los planes de empleo, pero hoy por hoy por cada partícipe de un plan colectivo hay siete en planes privados por lo que es imposible pensar que el gap se vaya a reducir a medio plazo. 

Además, hay daños colaterales. Todas las gestoras de planes de pensiones independientes que han invertido en la constitución de una gestora o en el desarrollo de un plan que muy difícilmente tendrá incentivos para crecer, están abocadas a su desaparición bajo este esquema dejando el lucro cesante a los bancos que monopolizan el mercado de pensiones. Lo que es cierto es que la campaña de captaciones de este año la han hundido por completo con lo que los casi 2.000 millones que se aportaron en los últimos años, este ejercicio no tendrán lugar.

Deficiente fiscalidad en el rescate, nulo incentivo a las aportaciones regulares y mala rentabilidad. Esa es la foto de las pensiones en España. El gobierno sigue declarando la guerra al ahorro individual porque piensa que su centralización mediante un esquema planificado plenamente controlado por el Estado, es la única alternativa a complementar las pensiones. El problema es que los organismos públicos de los que depende esta idea están en quiebra y el garante de las pensiones ahogado por las deudas.