Responsables de las distintas asociaciones fiscales de España ya tenían su carta para los Reyes Magos, confiando que este pasado jueves tendríamos gobierno. Una lista de peticiones que tendrá que esperar pues ha decaído, por segunda vez, la investidura de Pedro Sánchez y ¡quién sabe cómo acabará todo esto! De hecho, igual son los Reyes de Oriente, los de verdad, quienes acaban recibiendo esa carta en plazo reglamentario.

¿Pero qué tenían preparado  esos expertos y asesores tributarios para enviar al nuevo Ejecutivo?

Berta Tomás Vidal, presidenta de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) sntetiza las peticiones de este colectivo en tres. La primera demanda es la de crear un estatuto de la Agencia Tributaria, uno orgánico como el que tiene el Ministerio fiscal, ya que su regulación está definida en un artículo de la Ley de Presupuestos de 1991.

Se trata, según explica Tomás Vidal, de lograr una mayor independencia y que, por ejemplo, el director de la Agencia pueda ocupar su cargo varios años y no depender de los cambios de gobierno. Solo así se podrían marcar unos objetivos más ambiciosos.

En segundo lugar, piden al ‘nuevo gobierno’ más medidas para luchar contra el fraude. Más medios humanos, ya que en la actualidad existe una plantilla muy envejecida, se jubilan 1.000 trabajadores al año, y la edad media de los que siguen es de 54 años. También abogan por reformar el sistema de oposiciones para que sea “más atractivo y adaptado a nuestro tiempo”. Sobre este asunto, también reclaman un estudio exhaustivo sobre el fraude fiscal  ya que no se conocen las cifras reales.

"La lucha contra el fraude fiscal con más medios, una petición de inspectores y técnicos de Hacienda"

Por último, otra de sus reivindicaciones consiste en integrar la Dirección General de Tributos y los tribunales  económico administrativos dentro de la AEAT. Se reducirían los costes de la litigiosidad y se pondría orden en la misma, con mecanismos más sencillos y transparentes para los contribuyentes. Que las respuestas a las consultas y la resolución de los conflictos fueran más rápidas y estuvieran al alcance de todos los contribuyentes.

Los técnicos de Hacienda también habían preparado su listado.  José María Mollinedo, secretario general de (Gestha) destaca las siguientes: Lucha contra el fraude fiscal y mejora de la eficiencia del gasto público; recuperar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades o mejorar el efecto redistributivo del sistema fiscal. Respecto a este último, Mollinedo pide igualar la proporción de los impuestos directos con los indirectos, aumentar la progresividad, reducir la dualidad del IRPF, sustituir el Impuesto sobre el Patrimonio por uno sobre las grandes fortunas, actualizar y recuperar la recaudación del Sucesiones y Donaciones.

Asimismo, entre sus demandas, están también la mejora de la protección del medioambiente (reformulación de los impuestos medioambientales y eliminación progresiva de las exenciones y bonificaciones de los IIEE).

Una reforma fiscal con la que “aumentar la recaudación para mantener el Estado de Bienestar”.

Y los asesores fiscales ¿qué piden?

José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF),  apunta tres medidas urgentes: La primera, dar seguridad con normas ciertas y estables, conformando un sistema tributario coherente y congruente, que de tranquilidad al contribuyente y confianza en la AEAT. En segundo lugar, eliminar las malas prácticas de la AEAT, garantizando los derechos de los contribuyentes. “No todo vale por la recaudación”. Por último, acometer de una vez por todas la reforma de la financiación autonómica en la que, respetando su autonomía financiera, no haya diferencias tan sustanciales entre comunidades autónomas.

Las demandas del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) también están en esta 'lista figurada'. De forma muy resumida Luis del Amo, secretario general técnico explica: “Consideramos que ya es inaplazable la reforma del sistema de financiación autonómico, también la reforma del sistema de financiación de las Haciendas Locales, así como homogeneizar determinados impuestos propios de las comunidades autónomas y, en especial, los tributos medioambientales”.