Indra
Hay compañías en las que el Estado puede ser accionista sin que el mercado deje de entender las reglas del juego. Y hay momentos en los que esa presencia altera la naturaleza misma de la sociedad cotizada. Indra está en ese segundo terreno.
No porque la defensa no sea estratégica ni porque España no deba aspirar a una gran empresa tecnológica y militar. Precisamente por eso, la gobernanza debería ser más limpia y exigente que en una compañía ordinaria.
El problema no es solo quién manda. Es bajo qué reglas se manda. SEPI posee cerca del 28% de Indra, una posición legítima como accionista de referencia.
Pero cuando la presencia pública pasa de proteger un interés estratégico a recomponer la arquitectura de poder de una cotizada, el mercado debe hacerse una pregunta incómoda: ¿sigue siendo Indra una empresa sometida a las mismas reglas que sus comparables o se ha convertido en un instrumento de política industrial cuya bolsa sirve para legitimar decisiones tomadas bajo otra lógica?
España conoce bien esa zona gris. La OPA de E.ON sobre Endesa fue uno de los grandes episodios de intervención política bajo la bandera del interés nacional. El desenlace fue menos edificante.
El Estado rara vez se presenta como accionista ordinario cuando habla de sectores estratégicos
La operación alemana quedó bloqueada en la práctica y Endesa terminó bajo el control de Enel, una compañía italiana con participación pública. Se invocó el interés nacional para evitar un desenlace extranjero y se aceptó otro, solo que políticamente más digerible.
El precedente revela una constante. El Estado rara vez se presenta como accionista ordinario cuando habla de sectores estratégicos. Se presenta como guardián de un interés superior. Pero ese interés no siempre produce reglas más claras.
El precedente más cercano ocurrió en banca. El FROB conserva hoy una participación relevante en CaixaBank procedente de Bankia, donde la presencia pública se justifica por la recuperación de ayudas, pero también demuestra que la frontera entre inversión temporal y permanencia accionarial pueden alargarse más de lo previsto.
Indra no es Endesa ni CaixaBank, pero participa de la misma ambigüedad. En Indra, esas lógicas se mezclan con una tercera, más delicada como es la defensa. En ese sector, la libre concurrencia existe formalmente.
Pero sería ingenuo pensar que el mercado opera en condiciones simétricas cuando el comprador principal, el regulador, el accionista de referencia y el garante político pueden coincidir en el mismo Estado.
Indra necesita algo que vale más que cualquier comunicado: credibilidad
Ahí empieza la contradicción central. Si Indra compite en un mercado abierto, debe jugar con las reglas de una cotizada privada. Debe convencer a clientes, accionistas y socios de que sus decisiones responden a rentabilidad, eficiencia y asignación racional de capital.
Pero si es, al mismo tiempo, instrumento preferente de una política nacional de defensa, opera con otra lógica como es el apoyo público a contratos estratégicos, con respaldo institucional y protección accionarial, pero con una tolerancia al riesgo que otros competidores quizá no tengan. Lo que no tiene sentido es fingir que no altera la competencia.
La secuencia reciente es elocuente. Indra analizó una posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EME). El conflicto era evidente desde el inicio. Ángel Escribano era presidente ejecutivo de Indra y, al mismo tiempo, copropietario de la empresa que podía ser adquirida. La compañía podía invocar protocolos, abstenciones y mecanismos de mitigación.
Pero en gobierno corporativo no basta con gestionar formalmente el conflicto. Hay conflictos que, por su visibilidad contaminan el proceso, aunque jurídicamente se intente encapsularlos.
La propia SEPI terminó señalando su preocupación por la influencia de ese conflicto de interés y sostuvo que una eventual compra de EME no debía concebirse como instrumento para resolverlo. Al día siguiente, EME se retiró del proceso. El desenlace final fue la comunicación el 5 de mayo de la dimisión de Ángel Escribano como presidente ejecutivo y consejero, alegando que los acontecimientos recientes amenazaban con comprometer la estabilidad de la compañía y la confianza de los inversores.
Escribano sonríe porque el premio de ceder un puesto ejecutivo son los aproximadamente 950 millones de euros en plusvalías que se embolsa, a los que habría que descontar el coste de aseguramiento e intermediación de JP Morgan, por una venta que cierra una etapa pero abre otra pregunta: si desaparece el conflicto formal, ¿vuelve entonces a ser presentable la misma operación industrial?
El conjunto dibuja una empresa en la que la gobernanza parece ir por detrás de la política y de la estrategia industrial. En defensa hay información que no puede ser pública, capacidades que no pueden exponerse y contratos que no pueden explicarse con el detalle de una licitación civil. Eso es comprensible.
Pero precisamente por eso la gobernanza debe compensar la opacidad técnica con una transparencia institucional superior. Si no se puede conocer todo sobre los contratos, al menos debe poder confiarse en quién decide y bajo qué controles decide.
La alternativa incómoda es decirlo abiertamente. Si Indra es ya una pieza de soberanía industrial cuya estrategia, accionariado, adquisiciones y liderazgo deben estar determinados por el Gobierno, quizá el debate honesto sea si debe seguir cotizando. Una exclusión de bolsa o una nacionalización de facto serían decisiones caras y discutibles.
La pregunta de fondo es qué quiere ser Indra. ¿Un contratista nacional de defensa apoyado por el Estado? ¿Una tecnológica cotizada capaz de competir internacionalmente? ¿Un campeón industrial europeo?
Cada modelo exige una gobernanza distinta. Una tecnológica exportadora necesita credibilidad comercial, independencia de gestión y confianza de clientes extranjeros que quizá no quieran comprar tecnología percibida como extensión de un gobierno.
Indra necesita algo que vale más que cualquier comunicado: credibilidad. Para explicar por qué compra o no compra Escribano, definir quién manda y separar el interés de la compañía del interés del accionista público. También para convencer al mercado de que el interés nacional no se invoca solo cuando conviene, sino que exige estándares superiores a los de cualquier otra cotizada.
Cuando una empresa estratégica cotiza en bolsa, el Estado puede estar dentro del capital. Lo que no puede es estar dentro y fuera a la vez: dentro como accionista y fuera como poder político que condiciona el tablero. Esa ambigüedad tiene un coste. Tarde o temprano lo paga la compañía, el mercado o el contribuyente.