El primer turno, que arrancó este lunes a las 10 de la mañana, se ha prolongado aproximadamente cinco horas. Tras un receso para comer, han vuelto a reunirse a las 16:30 horas. Y los 28 miembros de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, reunidos en Pleno, así han seguido. Hasta que han dicho basta. Pasadas las 19.30 horas, el tribunal ha suspendido el pleno sin poder resolver aún quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en la firma de una hipoteca. Se han dado más tiempo. No demasiado, pero algo más, porque en principio posponen a este martes el anuncio definitivo sobre la doctrina que regirá este asunto.

Según ha podido saber 'Invertia', durante las ocho horas que ha durado la deliberación, solo han hablado nueve de los 28 miembros de la sala. Entre ellos, tres han defendido que se desestimen los recursos y el escenario quede comoantes, algo que parece improbable. Fuentes consultadas señalan que la polémica por la retroactividad del fallo apenas se ha tratado y que será mañana cuando se abarque en profundidad si se decide que paguen los bancos, con el pleno muy dividido y todas las posibilidades muy abiertas.

Las incógnitas, por tanto, siguen abiertas. Por un lado, la consistente en confirmar o no el cambio de criterio anunciado por la Sección Segunda de la Sala en el fallo del 16 de octubre, en el que se establecía que, en adelante, el pago del IAJD corresponderá a los bancos y no a los clientes, como venía pasando hasta la fecha. Y por otro, si la confirmación de ese cambio, en caso de que se produzca, traerá consigo algún tipo de retroactividad y ante quién. Es decir, si los clientes que lo pagaron en el pasado podrán reclamar su dinero y tendrán que hacerlo ante Hacienda o ante la banca.

Ambas cuestiones quedan todavía en el aire. El Pleno no ha podido resolver un asunto que mantiene en vilo la actividad hipotecaria desde mediados de octubre. Clientes, bancos, notarios y gestorías se encuentran a la espera de conocer cuál es el criterio que se aplica a esta cuestión y así lo están haciendo constar en los contratos que se están firmando, en los que los notarios previenen del estado en el que se encuentra ahora esta cuestión.

LOS BANCOS, CONTRA LA RETROACTIVIDAD

Durante estas dos semanas de incertidumbre, el sector bancario en bloque ha unido fuerzas dispuesto a que, si el fallo del Supremo es finalmente favorable al cliente, las entidades no tengan que afrontar la retroactividad de la medida, que puede ser establecida en un plazo de cuatro años o incluso más allá, aunque este último escenario es el menos probable de todos.

El mensaje desde la industria ha sido contundente en estas últimas jornadas: ¿cumpliremos con la ley, pero solo a partir de ahora¿. De hecho, entidades como Bankinter están afrontando desde el pasado 18 de octubre el pago del impuesto sin modificar las condiciones de sus hipotecas. Por lo general, el resto de bancos sí repercute el pago del AJD en el cliente, como se venía haciendo desde que el pasado 28 de febrero el mismo Tribunal Supremo dictaminase que así debía ser, para recular después su posición (en la sentencia fechada el 16 de ctubre).

Los directivos del sector y la propia Asociación Española de Banca (AEB) han reconocido que se ha producido una cierta ralentización en la firma de hipotecas desde el pasado mediados de octubre, ante la ¿inseguridad jurídica¿ que ha generado el cambio de criterio del Tribunal. Y desde la AEB insisten en recordar que "todo el ordenamiento jurídico español en su conjunto ha entendido siempre que el sujeto pasivo de este impuesto era el cliente".

Durante sus últimas apariciones públicas, los banqueros han dejado muy claro que acatarán la norma que el Supremo dicte, pero siempre insistiendo en que las entidades no han ingresado nada por ese impuesto que, al final, ha ido a parar a las haciendas de las comunidades autónomas. "No podemos devolver algo que no hemos cobrado", aseguraba el consejero delegado del Banco Santander durante la presentación de cuentas de la entidad la pasada semana.

A la espera de conocer el fallo definitivo, en principio este mismo martes, todo apunta a que si es el banco el que debe hacer frente al AJD, ¿lo lógico es que el coste se repercuta al cliente en las nuevas condiciones de los préstamos¿. Sobre todo porque firmas como Moodys calculan un 'gasto extra' de unos 640 millones de euros al año para el sector si finalmente debe asumir el pago a partir de ahora. La cifra sube a 16.000 millones de euros en el peor de los escenarios, con una retroactividad de más de cuatro años. La banca no está dispuesta a asumir ese coste, mucho menos en un momento en el que las entidades volvían a ver la luz en el negocio hipotecario con la previsible subida del euríbor.