La polémica comenzó el pasado 18 de octubre, el Supremo estableció que deberían pagar el AJD de las hipotecas los bancos.

De los 31 magistrados que componen el pleno sólo se encuentran presentes 28. Uno es Segundo Méndez, presidente de la Junta Electoral Central; otra es Octavia Juan Herrero Pina, que se ha abstenido por interés directo en la causa. El otro ausente es Rafael Fernández Valverde, quien al parecer está de viaje. De los presentes, 24 son hombres y solo cuatro mujeres.

En fuentes judiciales se especula con que el pleno pueda prolongarse durante todo el día, o incluso pueda conocerse mañana. La reunión comenzó con la exposición de los ponentes y, a continuación se va dando la palabra por orden de antigüedad. Cuando se llega a la votación, el presidente va nombrando a los magistrados y estos dicen si votan a favor o en contra del ponente.

Esta reunión fue convocada por el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, tan sólo un día después de conocerse que son los bancos los que deben hacerse cargo del impuesto no es corregir dicha doctrina, sino revisar, matizar y analizar sus consecuencias y su alcance.

Es decir, si efectivamente han de ser las entidades las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y desde cuándo.

Y es que, dado que el impuesto prescribe a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.

La agencia de medición de riesgos Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo a partir de ahora el impuesto por la firma de hipotecas, pero en caso de que la retroactividad se ampliara hasta cuatro años, la factura ascendería a 2.300 millones de euros.

De momento, y sólo en caída de la cotización bursátil, los bancos han sufrido ya un descalabro de más de 5.000 millones de euros.