El laudo dictado por ese tribunal arbitral obliga a España a pagar 53,3 millones de euros -más intereses y costas del proceso- a la sociedad Novenergia, con sede en Luxemburgo, según fuentes del sector consultadas por Efe.

Novenergia, que cuenta con instalaciones fotovoltaicas en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña, había reclamado 60,4 millones de euros.

El Gobierno español puede recurrir el laudo ante la propia Cámara de Comercio de Estocolmo en el plazo de tres meses, aunque sólo por motivos muy tasados.

Novenergia ha contado con el asesoramiento de Antonio Morales y Fernando Mantilla, socios del despacho Latham & Watkins.

Este laudo se suma al que dictó en mayo el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), que multó a España con 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios causados a tres plantas termosolares instaladas por el fondo británico Eiser Infrastructure.

No obstante, la cantidad reclamada por Eiser era muy superior, de 298 millones de euros.

La Cámara de Comercio de Estocolmo dio la razón a España en un laudo anterior, dictado a raíz de una demanda de Isolux, que reclamaba 78.868 euros.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital estudia la respuesta al laudo de la Cámara de Comercio de Estocolmo, aunque aún no ha tomado una decisión, han explicado fuentes de ese departamento.

Las fuentes de Energía han señalado que el caso de España no es único y que otros países europeos, como Alemania, Polonia o la República Checa, han recibido también laudos arbitrales contrarios por su regulación energética.

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha destacado que estos dos laudos contrarios a España, el del Ciadi y el de la Cámara de Estocolmo, son sólo los dos primeros de una treintena que falta por resolverse.

Los inversores extranjeros reclaman a España al menos 7.566 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables, según la información que el Gobierno remitió en octubre al Congreso a través de una respuesta escrita.

Anpier se ha quejado de que los inversores extranjeros pueden recurrir a los tribunales internacionales pero no los españoles, "que sufren quebrantos muy superiores".

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha dicho que "resulta inaceptable que, por una misma situación, el Estado indemnice a los grandes inversores internacionales y abandone a sus nacionales".

Por ello, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "escuche al sector y trate de articular una solución consensuada". EFECOM

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