Logotipo de Vivendi en la puerta de la sede central del conglomerado de comunicación en París, Francia.

Logotipo de Vivendi en la puerta de la sede central del conglomerado de comunicación en París, Francia. Sarah Meyssonnier Reuters

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Un fallo judicial aleja la opa de retirada sobre Vivendi que reclamaban los minoritarios y refuerza la posición de Bolloré

El Tribunal de Casación de Francia anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones que señalaba que Bolloré ejercía "control de hecho" sobre Vivendi.

Más información: Vivendi busca evitar una multa de la UE por cerrar su acuerdo con Lagardère antes de recibir la aprobación regulatoria.

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Las claves

El Tribunal de Casación francés anuló un fallo que señalaba a Vincent Bolloré como controlador de hecho de Vivendi, reforzando su posición.

La decisión exige una interpretación estricta de "control de hecho", permitiendo a Bolloré avanzar en la escisión de Vivendi en varias entidades.

Accionistas minoritarios y el fondo CIAM reclamaban una OPA de retirada, alegando que Bolloré ejercía control total, pero el tribunal desestimó esta demanda.

La escisión de Vivendi en diferentes bolsas contó con el apoyo de más del 97% de los accionistas, aunque algunos minoritarios consideran que no se respetó la normativa de protección.

El Tribunal de Casación francés ha anulado el fallo de la Corte de Apelaciones que señalaba a Vincent Bolloré, principal accionista de Vivendi, de ejercer "control de hecho" sobre el conglomerado de comunicación.

El fallo impone una interpretación muy estricta del "control de hecho", lo que le ha permitido a Bolloré tener margen de maniobra para su proyecto de escisión de Vivendi en varias entidades, bajo la influencia del grupo Bolloré.

Accionistas minoritarios y un fondo activista (CIAM) defendieron que Bolloré estaba ejerciendo el "poder completo" sobre Vivendi, lo que le obliga a lanzar una OPR, una oferta pública de retirada forzosa, para recomprar las acciones de los minoritarios con prima.

Sin embargo, el Tribunal de Casación, el pasado 28 de noviembre, revisó la sentencia, anulando la decisión de la Corte de Apelaciones. El motivo que exige una interpretación más estricta del significado de "control de hecho", al considerar que la influencia personal, la notoriedad o diversos indicadores no son motivos para exigir a Bolloré una OPR.

Corrige la sentencia de la Corte de Apelaciones de París, que el pasado mes de abril, consideró que el multimillonario Vincent Bolloré era quien controlaba Vivendi y que la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) debía reexaminar la escisión del grupo, sucedida a finales de 2024.

El pasado mes de julio, la AMF ordenó al grupo Bolloré, controlado por la familia del magnate, que preparase una oferta pública de retirada forzosa sobre Vivendi. Bolloré recurrió la decisión.

En diciembre de 2024, Vivendi aprobó la escisión y cotización de sus entidades en diferentes bolsas. Entre ellas, están Canal+ en Londres o Havas en Ámsterdam. Esta escisión fue aprobada por una amplia mayoría de más del 97% de los accionistas del grupo.

El multimillonario francés Vicent Bolloré en la Asamblea Nacional de Francia en París.

El multimillonario francés Vicent Bolloré en la Asamblea Nacional de Francia en París. Benoît Tessier Reuters

Sin embargo, esta decisión provocó también una fuerte oposición de parte de los accionistas minoritarios, especialmente los del fondo parisino CIAM (Centro Internacional de Análisis de los Mercados), el cual posee menos del 1% del capital de Vivendi.

CIAM consideraba que las modalidades de la escisión no respetaban la normativa francesa que protege a los accionistas minoritarios y que dicha decisión no crearía mayor valor para el accionariado en general.

No es el único frente abierto que ha tenido Vivendi recientemente. A inicios de diciembre, el conglomerado galo realizó un último esfuerzo para evitar una posible multa antimonopolio de la Unión Europea.

El movimiento vino tras las acusaciones de que Vivendi cerró la adquisición de la editorial Lagardère antes de recibir la aprobación regulatoria.

Vivendi, representada por más de una docena de abogados, presentó su caso ante altos funcionarios de competencia y letrados de la Comisión Europea (CE). También realizó la misma acción ante funcionarios antimonopolio franceses, en una audiencia a puerta cerrada que duró una jornada.