El Español denuncia a Moncloa ante el Consejo de Europa y la Relatoría de la ONU por reparto "arbitrario" de la publicidad

EL ESPAÑOL ha decidido denunciar el "reparto arbitrario" que hace el Gobierno de España de la publicidad institucional, así como la "falta de transparencia" en el acceso a la información pública ante el comisario europeo para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty.

Una denuncia que también se ha hecho llegar a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan.

Ambas iniciativas se suman al “informe alternativo” presentado en mayo ante el Comité de Derechos Humanos sobre la falta de transparencia y la discriminación contra los medios críticos.

La denuncia presentada ante el comisario europeo para los Derechos Humanos solicita "su intervención para que las autoridades españolas garanticen la libertad de expresión y el pluralismo informativo, en línea con los estándares europeos e internacionales".

Una solicitud que se efectúa a raíz de los cambios introducidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el reparto de la publicidad institucional.

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Tal y como ha denunciado EL ESPAÑOL y han publicado otros medios como The Objective y Dircomfidencial, se han dejado de emplear métricas objetivas y se han empezado a utilizar criterios subjetivos para asignar el reparto de la publicidad institucional.

Algo que, como indica el texto presentado, "ha favorecido a medios afines al Ejecutivo, mientras que otros críticos han experimentado reducciones significativas en sus ingresos por este concepto, sin criterios claros ni información pública suficiente que permita evaluar la legalidad y objetividad de tales decisiones".

Se pone como ejemplo el caso de EL ESPAÑOL, que sólo en 2024 vivió una reducción de sus ingresos de la publicidad procedente de la Administración del Estado cercana al 65%, tanto por la caída del número de campañas asignadas como por el importe recibido.

Algo llamativo si se tiene en cuenta que este diario es líder en los principales rankings de audiencia que operan en nuestro país. Incluido GfK DAM, que es el medidor recomendado por la industria.

El informe presentado por el gabinete IHR Legal que acompaña la denuncia explicita que, “sin razón técnica alguna”, EL ESPAÑOL fue excluido de la campaña más importante del año del Ministerio de Hacienda, con una inversión de 4.9 millones de euros.

Llevaba por título Sensibilización fiscal e información y asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en el acceso a servicios o medidas de ayuda prestados por la agencia tributaria.

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Pese a la caída de audiencia de los medios impresos el Gobierno ha destinado el 12,18% del gasto publicitario institucional a estos medios, una cifra considerablemente superior al 5,6% que reciben en el mercado privado".

En otras palabras, el Gobierno está sobrerrepresentando a los medios impresos, lo que afecta negativamente a la prensa digital y a otros canales de mayor alcance. Algo que "coincide con la narrativa del Gobierno contra los nativos digitales supuestamente financiados por la oposición". En concreto por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

El informe, además, recuerda que EL ESPAÑOL ha solicitado en incontables ocasiones información a través del portal de Transparencia sobre las campañas de publicidad.

Sin embargo, el Gobierno elude contestar a sus preguntas que "han quedado sin respuesta, incumpliendo los plazos legales".

Además, se denuncia también que el Ejecutivo español "nunca ha publicado de forma completa y accesible qué medios reciben fondos de publicidad institucional ni con qué criterios, a pesar de que la ley exige transparencia en este ámbito".

Con esta acción se busca "llamar la atención de las instituciones europeas sobre la importancia de preservar la transparencia y la igualdad en el reparto de fondos públicos destinados a la comunicación institucional".

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Cabe destacar que, la Comisaría ya se ha pronunciado sobre prácticas similares en otros Estados.

En 2021, la entonces comisaria Dunja Mijatović advirtió en un informe sobre Hungría acerca de los efectos nocivos de la asignación sesgada de la publicidad estatal.

En aquel entonces destacaba que "la concentración de estos fondos en medios afines al Gobierno generaba una influencia política indirecta, debilitaba al ecosistema mediático y ponía en riesgo la supervivencia de medios independientes".

En esa ocasión recomendó a las autoridades "publicar información completa sobre los procesos y distribución de estos recursos, así como cumplir con los estándares europeos en materia de transparencia y apoyo a un entorno mediático plural".

Algo que EL ESPAÑOL solicita que ocurra en España, sobre todo para que "haya garantías de que estos recursos no se utilicen para restringir la libertad de prensa ni condicionar el trabajo de los medios de comunicación".

Un argumento también empleado en la denuncia elevada a la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan.

Informe a la ONU

Dicha denuncia es continuación del informe presentado antes del verano al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

EL ESPAÑOL reclama ahora "la intervención de la Relatoría para instar al Estado español a adoptar medidas que garanticen un reparto de la publicidad institucional transparente, objetivo y no discriminatorio".

Este organismo de Naciones Unidas "ha llamado la atención de otros Estados por el empleo de la publicidad institucional como instrumento de presión política, subrayando que esta práctica es contraria a las normas internacionales de derechos humanos".

Así, con esta denuncia, EL ESPAÑOL "busca que Naciones Unidas examine la situación y exija al Estado español el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información".

En el informe remitido en mayo a las Naciones Unidas, se recordaba que todo el cambio de política sobre la publicidad institucional del Gobierno data del Plan de Acción por la Democracia.

Una serie de cambios legislativos promovidos "en medio de las críticas del presidente Pedro Sánchez a los medios de comunicación calificados como de derecha, tras la denuncia en abril de 2024 por parte de la organización Manos Limpias contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Máquina del fango

En este contexto, rezaba el documento, el presidente Sánchez se ha referido a algunos medios de comunicación como "pseudomedios" que forman parte de "una máquina de fango" dirigida a deshumanizarlo con bulos y desinformación.

Fue en este escenario cuando el presidente Sánchez presentó el 17 de julio de 2024 ante el Congreso el Plan de Acción por la Democracia dirigido a luchar contra "la máquina del fango", "las presiones a periodistas", "las campañas de desinformación y bulos" y "las corruptelas de algunos".

El 16 de septiembre de 2024 el Consejo de Ministros aprobó el Plan y actualmente se encuentra en fase de reglamentación e implementación.

Tanto en los informes y denuncias remitidos a las Naciones Unidas como en la denuncia presentada ante el comisario europeo para los Derechos Humanos del Consejo de Europa se explica que, anteriormente, el reparto de publicidad institucional se basaba en criterios técnicos, como el público objetivo y el ranking de audiencia de GfK DAM, medidor oficial de audiencias en España.

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No obstante, particularmente desde 2024, diferentes medios como El Confidencial, The Objective, Dircomfidencial y EL ESPAÑOL han denunciado que se han utilizado otros criterios, como la tasa de rebote o el tráfico directo a las páginas de inicio de los periódicos.

Según el informe IHR Legal, esto “podría estar dirigido a perjudicar a los medios de comunicación críticos al Gobierno y favorecer a los afines”.

El texto añade que “las agencias de publicidad han denunciado que en algunos casos el Gobierno directamente les indica qué medios incluir y cuáles no”.

Por último, se solicitaba al Comité de Derechos Humanos a instar al Estado a revisar y modificar estas prácticas y marcos normativos a fin de garantizar el pleno respeto y protección de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información.

"Respetuosamente sugerimos -concluye el documento- que en sus observaciones sobre el séptimo informe periódico sobre España el Comité recomiende al Estado" un decálogo de propuestas:

1. Respetar y garantizar la libertad de prensa, incluyendo la de medios digitales y críticos al Gobierno.
2. Promover la independencia, la diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación.
3. Consultar con la sociedad civil y organizaciones especializadas en libertad de expresión las potenciales reformas a los criterios de adjudicación de la publicidad institucional.

4. Introducir criterios claros, transparentes y objetivos de reparto de publicidad institucional, priorizando razones técnicas de mercado, con indicación del peso o ponderación que cada criterio tendrá en la decisión final de adjudicación de publicidad institucional.

5. Delegar en autoridades independientes la asignación de publicidad institucional.

6. Establecer procedimientos para la contratación y distribución de la publicidad institucional que reduzcan la discrecionalidad.

7. Abstenerse de interferir en la asignación de publicidad institucional, o aplicar otro tipo de sanciones indirectas, con base en criterios discriminatorios como la línea editorial de los medios.

8. Divulgar de forma completa, accesible y clara el gasto público en publicidad institucional, incluyendo los medios de comunicación que fueron adjudicados y los criterios utilizados para su adjudicación.

9. Dar respuestas oportunas y completas a las solicitudes de información presentadas al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

10. Garantizar el cumplimiento de todas las autoridades de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional.