Los operadores de plataformas de televisión digital terrestre (TDT) en España no tendrán que devolver los 260 millones de euros de subvenciones recibidas entre 2005 y 2009 que les reclamaba la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha anulado este miércoles esta decisión de Bruselas por considerar que no está bien motivada. La principal beneficiaria de estas ayudas fue Abertis (actualmente Cellnex) y otros operadores regionales más pequeños.

El Ejecutivo comunitario ordenó en 2013 la devolución de estas subvenciones por considerar que eran incompatibles con las normas de la UE al no respetar el principio de neutralidad tecnológica. Alegaba que las ayudas favorecieron a la tecnología digital terrestre en detrimento del satélite, el cable o internet y por ello falsearon indebidamente la competencia. La justicia europea rechazó los recursos presentados por el Gobierno, las comunidades autónomas y Abertis en primera instancia y avaló la decisión de Bruselas.

Pero el procedimiento judicial ha dado un vuelco en segunda instancia. El Tribunal de Justicia de la UE ha aceptado un motivo de casación invocado por Galicia y el operador Retegal y anula la sanción. El fallo considera que la Comisión Europea no ha justificado debidamente por qué considera que las subvenciones a la TDT son "ayudas selectivas" prohibidas por el Tratado.

Revés a la Comisión Europea

Bruselas alegó que no era necesaria motivación alguna a este respeto, dado que el requisito de selectividad se cumple automáticamente si una medida se aplica exclusivamente a un sector de actividad o a las empresas de una zona geográfica determinada, como ocurre en este caso. Pero el TJUE rechaza esta interpretación y dice que la Comisión estaba obligada a demostrar que las subvenciones beneficiaron a unas empresas en detrimento de otras en situación comparable.

Las ayudas en cuestión se concedieron en Cataluña (52 millones de euros), Castilla y León (44 millones), Galicia (17 millones), Asturias (14 millones), País Vasco (10 millones), Aragón (9 millones) y Navarra (7 millones). Contra Castilla-La Mancha existe un expediente separado. Bruselas le reclama que recupere 46 millones de euros, pero sobre este caso todavía no hay sentencia final.

El plan de subvenciones se desplegó entre los años 2005 y 2009, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su objetivo era facilitar la transición de la televisión analógica a la digital en las zonas remotas de España, que abarcan a alrededor del 2,5% de la población. En total, se concedieron ayudas públicas por valor de 260 millones de euros, según los cálculos de Bruselas. Las subvenciones nunca fueron comunicadas al Ejecutivo comunitario. La Comisión empezó a investigar a raíz de una queja del operador de satélites Astra.