En enero la Comisión Europea decidía llevar al Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) para recuperar las subvenciones, que considera ilegales, por valor de 300 millones de euros que se otorgaron a los operadores de televisión digital terrestre (TDT) en el plan español de 2005 para financiar la transición de la TDT en regiones remotas.

El plan incluía el pago de 260 millones de euros a toda España y otros 43,8 millones de euros a un programa específico en Castilla-La Mancha. La principal beneficiaria de estas ayudas fue Abertis (actualmente Cellnex) y otros operadores regionales más pequeños. Bruselas las declaró ilegales en dos decisiones de 2014 y 2013 por considerar que no respetaban el principio de neutralidad tecnológica.

Discriminación con otros operadores

Los fondos se destinaron exclusivamente a operadores terrestres y excluyeron a plataformas por satélite, cable o internet. También implicaban una discriminación entre distintos operadores terrestres, según el Ejecutivo comunitario. 

El resultado es que algunos operadores terrestres se beneficiaron de una ventaja sobre sus rivales. La discriminación, alega Bruselas, perjudicó además a los consumidores al privarles de más posibilidades de elección y precios más bajos.

Para resolver estas distorsiones de competencia, el Ejecutivo comunitario ordenó entonces a las plataformas de TDT beneficiarias que devolvieran las ayudas. A día de hoy, las plataformas de TDT sólo han devuelto el 2% de estos subsidios y las autoridades españolas todavía no han suspendido todos los pagos, según ha denunciado Bruselas.

El 20 de diciembre será dictará sentencia

En septiembre, Melchior Wathelet, Abogado General de la UE, sugirió en sus conclusiones al Tribunal de Justicia de la UE que desestimase los recursos presentados por España y varias comunidades autónomas para anular la sentencia del Tribunal General. Dicha corte dio la razón a la Comisión Europea, que en 2013 declaró ilegal la ayuda de Estado dada por España a los operadores de la TDT y le exigió recuperar los 300 millones de euros otorgados.

Tres meses después el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha fijado fecha para el juicio. Será el próximo 20 de diciembre y en él se resolverá el dictamen de la comisión, así como los recursos planteados por Cellnex Telecom, el País Vasco y el operador Itelazpi, Cataluña y CTTI, Comisión Navarra de Servicios y Tecnología, Galicia y Retegal y el Gobierno de España.

Esta sentencia es el último escalón ya que no hay recurso posible para las Comunidades Autónomas, Abertis o España, respecto de este fallo. Es imposible saber qué dictaminará Luxemburgo, pero pocas veces ha contradecido el dictamen del abogado general de la Unión Europea.