La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Enma Sáiz y su antecesor, José Luis Escrivá.

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Seguridad Social dice que los aplazamientos de Plus Ultra se ajustaron a la ley y niega que se falsificaran certificados

El auto de imputación de Rodríguez Zapatero refleja que la aerolínea tenída deuda de sus obligaciones con la Tesorería de la Seguridad Social.

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Las claves

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El Ministerio de Seguridad Social afirma que los aplazamientos concedidos a Plus Ultra durante la pandemia se ajustaron a la normativa vigente y fueron abonados en tiempo y forma.

El ministerio niega cualquier falsificación de certificados presentados por Plus Ultra, asegurando que estos documentos se expiden automáticamente y no requieren intervención individualizada.

Plus Ultra obtuvo un aplazamiento de más de 450.000 euros en obligaciones con la Seguridad Social meses antes de ser rescatada, situación habitual y más frecuente durante la pandemia.

Una investigación policial señala que Plus Ultra presentó dos certificados que acreditaban estar al corriente con la Seguridad Social, aunque un informe técnico de Deloitte indicaba deudas pendientes en ese periodo.

El Ministerio de Seguridad Social asegura que los aplazamientos concedidos a Plus Ultra durante la pandemia se "ajustaron a la normativa vigente", y que todos ellos fueron abonados en tiempo y forma por parte de la aerolínea.

Así lo explican fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL, quienes insisten en que la operativa mantenida con la compañía aérea se efectuó con una "manera de proceder normal en situaciones de este tipo".

De este modo, el ministerio sale al paso tras conocerse que recibió un aplazamiento de sus obligaciones con la Seguridad Social por importe de algo más de 450.000 euros meses antes de ser rescatada.

Algo que figura en el auto de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se reflejan presuntos pagos de comisiones de algo más de dos millones de euros.

Además, las mismas fuentes recuerdan que los "certificados de estar al corriente" de pago "se expiden de forma automática sin que lo tenga que conceder un funcionario concreto".

De este modo, el ministerio se desmarca de la presunta falsificación de certificados presentados por Plus Ultra a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en los que aseguraba no tener deudas con la Seguridad Social.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL insisten en que los aplazamientos son algo "habitual" y que durante la pandemia "se utilizó de forma más intensiva". Señalan que sólo en 2020 se concedieron más de 137.000, el doble que al año anterior.

Insisten, además, en que para lograr pagar más tarde, las empresas "tienen que acreditar una dificultad transitoria de liquidez y su viabilidad de pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con garantías".

Además, se tiene en cuenta a la hora de aprobarlo en caso de que haya habido aplazamientos anteriores, que se hayan abonado en el periodo previsto, y que a la vista de la documentación aportada acrediten viabilidad.

Según la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF), Plus Ultra presentó entre la documentación requerida para solicitar el rescate "dos certificados de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social".

El primero de ellos estaba firmado por José Luis Encinas Prado, subdirector general adjunto de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). El segundo, contenía la rúbrica de la jefa de Sección en la subdirección Provincial de Gestión recaudatoria de la Dirección Provincial de la TGSS de Madrid, Belén Fruiters Casado.

En ambos documentos se expresa que Plus Ultra "no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social" y que a fecha 31 de diciembre de 2019 la empresa se encontraba "al corriente".

Sin embargo, un informe técnico encargado a Deloitte por la SEPI mientras se estudiaba la concesión de las ayudas reflejaba justo lo contrario. En concreto, apunta a que "Plus Ultra había facilitado una resolución estimatoria a fecha 5 de octubre de 2020, de aplazamiento de una deuda contraída con la TGSS".

En total, 451.954 euros de deuda que comprendía un período desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020.

Por si fuera poco, el auto recoge también una reunión mantenida entre el expresidente Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Un encuentro que el ahora gobernador del Banco de España ha negado en distintas ocasiones.