Aeropuerto.
Aena pone en duda la propuesta del Gobierno para que las autonomías participen en la gestión de los aeropuertos
Lo hace tras conocer que el Congreso debatirá la ley promovida por el Parlament balear.
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El gestor aeroportuario, Aena, ha asegurado en un comunicado remitido al supervisor bursátil que la ley de cogestión aeroportuaria promovida por el Parlament balear que debatirá el Congreso es "incompatible con el marco legal vigente, muy destacadamente por el marco constitucional de aplicación".
Aena ha reaccionado así tras conocer este martes que el Congreso debatirá esta ley después de que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, haya retirado del orden del día el veto del Gobierno.
La rectificación del Gobierno permitirá que la proposición de ley, aprobada por el Parlament balear el pasado 28 de abril con el respaldo del PP y Més per Mallorca, el rechazo de Vox y la abstención del PSOE, sea tomada en consideración y debatida en el Congreso en las próximas semanas.
En su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena ha defendido que el artículo 149.1.20 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general, por lo que sus competencias corresponden únicamente al Estado.
"Las Comunidades Autónomas, por su parte, cuentan con competencias en materia de planeamiento urbanístico, gestión medioambiental, ordenación del transporte terrestre o intermodalidad, así como promoción del turismo; todas ellas de relevancia para el desenvolvimiento de la actividad aeroportuaria y del transporte aéreo", argumenta.
Asimismo, insiste en que la aprobación de la Ley 18/2014, auspiciada por el gobierno del PP, regula que "la red de aeropuertos de interés general es propiedad de Aena y su gestión corresponde de forma exclusiva a Aena, estando protegida por la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución".
La iniciativa legislativa de lo aprobado en el Parlament plantea la creación de un comité de coordinación aeroportuaria con participación de las instituciones baleares que tendría capacidad de decisión sobre las políticas de los aeropuertos de las islas, lo que les permitiría adoptar medidas para limitar la presión turística y favorecer la movilidad de los residentes.
![Imagen de archivo de un avión en el Aeropuerto de El Altet de Alicante](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11317026.jpg?p=w:320\/h:240&h=tczbTOep"])
Para Aena, un elemento central del marco regulador actual del sistema es el modelo de gestión aeroportuario de red, "incompatible con la regulación singular de un comité de coordinación aeroportuario de una autonomía al que se dotará de capacidad de toma de decisiones vinculantes sobre aspectos cuya competencia corresponde exclusivamente al Estado".
Además, defienden que el sistema aeroportuario se rige por el "principio de solidaridad económica", según el cual los mayores aeropuertos financian las pérdidas de los aeropuertos con menor actividad.
A su vez, "asegura una prestación de servicios eficiente y de calidad y la adecuada dotación de inversiones en todas las infraestructuras aeroportuarias, en condiciones de igualdad", lo que hace posible "un sistema de tarifas homogéneo en toda la red altamente competitivo".
