Su defensa medioambiental de la zona protegida conocida como La Ricarda supone una condena para el proyecto que la alcaldesa ha llevado al extremo llegando a proponer desde hace meses acabar con el famoso Puente Aéreo que ofrece Iberia y Vueling para conectar Barcelona y Madrid en menos de una hora. 

“Nosotros claro que queremos una ciudad bien conectada, pero bien conectada en el siglo XXI es eliminar los vuelos de trayectos cortos y sustituirlo por tren que es mucho más cómodo. Hay que eliminar el Puente Aéreo. No tiene sentido que la gente vaya a Valencia en avión porque no funciona bien la conexión ferroviaria”, dijo recientemente en una entrevista en la Ser.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, con los alcaldes de Barcelona, Ada Colau, y El Prat, Lluís Mijoler. Efe

En este caso aún no ha conseguido acabar con el Puente Aéreo (todavía); pero sí lo ha hecho con la ampliación de El Prat (aunque la principal responsabilidad recae sobre la Generalitat).

Un duro golpe por lo que deja de ganar la Ciudad Condal en términos turísticos y económicos sin dicha ampliación. Estamos hablando de un proyecto para la generación de 365.000 empleos totales, una contribución de casi el 9% del PIB de Cataluña y una inversión de 1.700 millones de euros. 

Además, una vez terminado allá por 2031, Barcelona (y Cataluña) reforzarían su posición de liderazgo a nivel internacional con la recuperación de turistas de lujo como rusos, nórdicos o americanos que han dejado de venir a España. 

Nuevo impuesto 

Esta oposición, que podría entenderse como un hecho aislado contra el aeropuerto, no lo es. Estamos hablando de una estrategia del consistorio catalán para tumbar cualquier oportunidad de crecimiento turístico que vuelva a hacer resurgir ese sentimiento de aversión y rechazo al turista, más conocido como ‘turismofobia’. Puede que ahora, en medio de la pandemia y con menos turismo, no lo recordemos bien, pero en 2019 llenaba las portadas de muchos periódicos. 

Pero Colau ya se ha adelantado a la posible recuperación del turismo y ha tirado de una política recaudatoria y disuasoria. La premisa está clara: si vienen turistas que paguen más por estar en Barcelona y, si no quieren pagar más tasas, pues que no vengan.

Con estas, desde el 1 de junio está en vigor el recargo municipal aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona en relación con el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. 

Turistas paseando por las calles de Barcelona.

El impuesto que afecta a la ciudad de Barcelona se aplicará de manera acumulada y progresiva a las tarifas del impuesto aprobadas por la Generalitat. El incremento irá de 0,75 euros por persona y noche este año 2021 a 3,25 euros en el año 2024.

Cabe recordar que la tasa turística catalana existente es de 2,25 euros por persona y día si el turista se aloja en un hotel de cinco estrellas. Pero, si se aloja en el resto de establecimientos es de 0,65 céntimos por persona y día de estancia.

Veto hoteles

Pero su medida estrella llegó al poco de tomar posesión del cargo. Hablamos del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), aprobado en 2017 para crear el marco normativo en torno al cual se regulan los criterios urbanísticos y de gestión de los alojamientos turísticos de la ciudad de Barcelona.

Este plan tomó el relevo a la primera moratoria que decretó el gobierno de Ada Colau en 2015 y por el que suspendió las nuevas licencias de hoteles. Dentro de este, se incluyen artículos para reducir en un 20% el número de plazas hoteleras en grandes remodelaciones. Este, en concreto, fue invalidado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Sentencia que no evitó la retirada de los proyectos hoteleros de las cadenas de lujo Hyatt y Four Seasons. Otras cadenas como Meliá también vieron cómo sus proyectos en el centro de Barcelona eran paralizados. Proyectos, además, encaminados a atraer a un tipo de turista de lujo que, por lo general, gasta más en el destino. 

Pero no solo echó a las grandes cadenas de su territorio, sino que también persiguió a los pisos turísticos llegando a intentar prohibirlos en toda la ciudad sin mucho éxito. De momento, se conforma con poner freno al descontrol que había en el sector a golpe de retirada de anuncios o fuertes sanciones. 

El hotel W de Barcelona también nota los efectos del desafío separatista catalán.

Fruto de ello, desde 2017, Barcelona ha reclamado la anulación de 11.714 anuncios en las plataformas de pisos turísticos, 9.770 de los cuales pertenecían a Airbnb. Además, 2.176 pisos que hacían alojamiento turístico ilegal han pasado a tener uso de vivienda.

Con estas medidas, la alcaldesa ha tratado estos años de acabar con el turismo de masas al que siempre ha calificado de insostenible. De igual forma, también ha trabado algunos de los grandes eventos que la Ciudad Condal acoge, como el Mobile World Congress (MWC).

En su discurso siempre ha mantenido que “la política de grandes eventos en la ciudad no es un modelo sostenible”. Solo defendió el MWC cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abrió la puerta a que se celebrase en Madrid. Quizás cuando vea la ampliación de Barajas (proyectada en el DORA II junto a la de El Prat) también cambie de opinión; aunque tal vez ya sea demasiado tarde. 

Estancamiento turístico

Las políticas de Barcelona tienen su reflejo en los datos a nivel autonómico donde se ha producido un estancamiento en el crecimiento coincidiendo con la saturación de El Prat que tocó techo con 53 millones de pasajeros. De hecho, su ampliación tenía por objetivo descongestionar el aeródromo para sumar más viajeros internacionales (hasta 70 millones). 

En 2019, se registró la llegada de 19,3 millones de visitantes, un 0,8% más que en 2018, cuando alcanzó los 19,1 millones (la misma cifra que en 2017), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de ello es la región más visitada de España. En 2020 también lo fue a pesar de la Covid con 3,8 millones de pasajeros (un 80% menos). 

Pero previo a todos estos acontecimientos y trabas turísticas, Cataluña crecía cada año entre un 3% y un 5% gracias a la llegada masiva de turistas internacionales, especialmente a Barcelona, que tiene una oferta muy amplia: sol y playa, turismo de negocios, rural… 

Además de las medidas de Ada Colau, en estos tres años ha habido más factores que han entorpecido el turismo en la zona. Entre ellos, el referéndum ilegal por la independencia que ha desembocado en conflictos en las calles y en un clima de inestabilidad política por el que muchos países recomendaron a sus ciudadanos no visitar Cataluña. 

A esto hay que sumar los ataques terroristas que se desarrollaron en las ciudades de Barcelona y Cambrils y terminaron con la muerte de 15 personas, algunos de ellos turistas.