La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha denunciado a Booking ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que investiguen las prácticas "abusivas y contrarias al derecho de la competencia". Una denuncia que se suma al largo historial que la agencia de viajes online acumula en España y otros países sin que las investigaciones sirvan para cambiar sus políticas más polémicas.

En España, además de esta denuncia, ya hay otras plataformas que han tomado cartas en el asunto contra Booking. Hace unos meses, la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) denunciaba ante Competencia los abusos de Booking. 

El origen de las denuncias casi siempre es el mismo: la cláusula de paridad. Esta limita la política del hotelero ya que están obligados a aplicar la misma tarifa y las mismas condiciones para un tipo de habitación concreto, a los que publicita Booking, sea cual sea el canal de distribución. Es decir, no tienen capacidad para adecuar las tarifas a las situaciones del mercado. 

En Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Suecia e Italia estas cláusulas ya fueron eliminadas hace años, cuando una cadena de denuncias obligó a Booking a cambiar su política comercial. Cambio que se llevó a cabo al ser investigada por las autoridades de la competencia en Francia, Suecia e Italia y también por la Comisión Europea. 

Posición dominante

Además, en España también se ha denunciado a Booking por aplicar cláusulas con niveles de comisión "prohibitivos" (hasta el 40% sobre la tarifa) y el control que sobre los huéspedes realiza la OTA (agencia online). 

Algo que puede hacer por su posición dominante en el mercado de reservas hoteleras, donde controla el 68,4% del mercado en Europa. En España, acaparó el 38,1% de las ventas hoteleras totales en 2019, según el último estudio sobre intermediación elaborado por la Asociación Europea de Hoteles, Restaurantes y Cafés (Hotrec).

De nuevo, un país europeo sabe de lo que estamos hablando. La industria hotelera suiza acusó al portal de abusar de su posición dominante cobrando unos precios abusivos.

En octubre de 2015, la comisión suiza de la competencia determinó que Booking y otros portales similares imponían a los hoteleros condiciones contractuales que eran ilegales, al no permitirles ofrecer precios más bajos a otros intermediarios u ofrecer más habitaciones a través de otros canales.

Tras la decisión, Booking modificó los términos de sus contratos, aunque el nuevo proceso sancionador que ha iniciado Suiza contra el portal considera que las comisiones siguen siendo altas.

Además, en 2020 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó que los establecimientos que tienen un contrato con la plataforma de reservas en internet pueden demandar a esta empresa ante los tribunales del país donde tengan su sede en ciertos casos, entre los que se encuentra el abuso de posición dominante. 

Es decir, no siempre es necesario acudir a los tribunales de los Países Bajos, donde Booking tiene su sede, para demandar a la compañía.

La situación en algunos países invita a pensar que en España podrían mejorar las condiciones. Las dos denuncias ante Competencia tienen un doble objetivo: que la CNMC abra expediente e imponga la sanción correspondiente por el abuso cometido y acabar con una situación de abuso que mantiene sobre el sector alojativo. De momento, Booking no se ha pronunciado oficialmente. 

Sanciones y evasión fiscal

Pero los problemas de Booking no siempre han tenido que ver con su posición dominante y sus prácticas comerciales. Por ejemplo, en 2017 en Colombia se sancionó a la plataforma por operar en el país de manera informal, bajo la modalidad de oficina de representación, sin inscripción en el Registro Nacional de Turismo. 

Pero la acusación más grave llega desde Italia. Hace unos días, las autoridades italianas anunciaron que están investigando a Booking.com por evadir impuestos por importe de 150 millones de euros entre 2013 y 2019.

Al parecer, la empresa utilizaba el sistema inversión del sujeto pasivo, que supone la traslación del peso económico del impuesto al destinatario de la operación gravada. Este mecanismo permite a la empresa que presta el servicio emitir facturas sin IVA, por lo que no lo repercute ni lo ingresa en las arcas públicas.