El turismo es para Andalucía un motor económico y también una asignatura pendiente en materia de apartamentos, especialmente para los vecinos que comparten edificio con los viajeros. Esta es la razón principal por la que Cádiz aprobará suspender las licencias durante un año para los edificios que alberguen apartamentos turísticos, tal y como ha avanzando el alcalde de la capital gaditana, José María González ‘Kichi’.

“Queremos un turismo de convivencia que no expulse a los vecinos. Creemos en el derecho a la ciudad, en los alquileres asumibles y en unos barrios que conserven su propia identidad”, justifica el regidor 'morado'. La iniciativa, que comenzó a gestarse el pasado mes de septiembre, prevé salir adelante esta semana en el Pleno municipal coincidido además con la temporada alta turística marcada por el paso del Covid-19.

El Ayuntamiento ya anunció su intención de regular la concesión de licencias para viviendas de alquiler con fines turísticos con medidas basadas en el estudio realizado por la consultoría Ibermad. Los resultados del mismo apuntaban que en Cádiz constaban 1.224 viviendas legalmente constituidas para ser alquiladas con fines turísticos mientras que en las plataformas de alquiler turístico las viviendas disponibles ascendían a 1.509.

Los datos arrojaban que casi el 20% del total de las viviendas turísticas no estaban dadas de alta como tal, una situación que desde el Consistorio buscan zanjar para que la ciudad “conserve su esencia, su identidad y no se convierta en un decorado visitado por turistas”.

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, explicó entonces que los planes del Ayuntamiento pasaban por actuar “a tiempo” para evitar la proliferación “descontrolada” de tales viviendas. “Debe regularse este fenómeno para salvaguardar el carácter residencial de la gran mayoría de viviendas de la ciudad. Hay que evitar una burbuja turística en la ciudad”, argumentaba el edil gaditano.

Una medida que “acabará en los tribunales”

A juicio de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), la iniciativa de ‘Kichi’ acabará en los tribunales como en otros casos pasados registrados en Barcelona, Palma de Mallorca o Madrid. Según su presidente, Tolo Gomila, la medida afectará a todo el conjunto de la oferta turística y, como consecuencia, “empobrecerá a la ciudad”.

“No hay peor momento para hacerlo”, ha admitido Gomila a Invertia mientras ha destacado el gran peso que tiene en el PIB andaluz las viviendas de uso turístico. Con más de 70.000, Andalucía presenta más plazas de dicha tipología que de oferta hotelera, lo que hace que su regulación sea un factor clave en materia económica.

Desde la organización han reprochado que el proyecto se justifique con la proporción en los parques residenciales cuando “las viviendas turísticas tienen un peso minúsculo”. “En vez de regular se prohíbe y acaba en una judicialización que frustra a quienes quieren una vivienda con fin turístico”, ha afeado el representante del sector a la par que ha lamentando que estos casos se den en ayuntamientos con alcaldes “populistas”.