El Parlamento Europeo advierte del riesgo para la seguridad estratégica del contrato de Interior con Huawei

Esta comisión se refiere al acuerdo del Gobierno de España con el suministrador de tecnología china que adjudicó por 12,3 millones de euros la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas policiales.

El verano pasado se renovó el contrato del sistema SITEL, que custodia la interceptación legal de comunicaciones telefónicas y telemáticas en investigaciones judiciales. Un contrato que además fue denunciado en el Senado de Estados Unidos.

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En el marco del debate titulado 'Contrarrestar las injerencias extranjeras y defender las infraestructuras críticas de la UE: el caso de los contratos entre el Ministerio del Interior español y Huawei' los miembros de esta comisión han debatido con Despina Spanou, subdirectora General de la Dirección General de Redes de Comunicaciones, Contenidos y Tecnologías.

Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que estamos ante una situación completamente excepcional ya que no es habitual que el Parlamento analice contratos españoles, ni de ningún Estado miembro.

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De hecho, la eurodiputada, Markéta Gregorová, ha sido muy crítica con España por contratar los servicios de Huawei. No solo por poner en jaque la seguridad de España, sino la del conjunto de la Unión, según indicó. Todos los grupos políticos representados, excepto el socialista, advirtieron del gran riesgo del contrato.

Estas mismas fuentes señalan que pese a que no estamos ante un dictamen vinculante, todo lo que se analice en esta comisión -con representación de todas las sensibilidades políticas- será trasladado al pleno del Parlamento Europeo.

De hecho, estamos ante un primer paso tras el que debería producirse un pronunciamiento oficial al respecto y en la línea que ya ha señalado la comisión de libertades, es decir, sobre los riesgos de este contrato para la seguridad estratégica.

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No es la primera vez que Europa advierte de este contrato. El pasado mes de septiembre y noviembre, la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, respondió a una pregunta de parlamentarios españoles de Vox y del PP.

En sendas contestaciones formales, a nombre de la Comisión Europea, indicó que el contrato celebrado por el Ministerio del Interior español con Huawei "tiene el potencial de generar una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y aumentaría el riesgo de injerencia extranjera".

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Recordó además que la Comisión determinó que Huawei (y ZTE) presentan riesgos sustancialmente más altos que otros proveedores de 5G y se comprometió a evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizan estas empresas como proveedores.

Advirtió además que con el conjunto de instrumentos para la seguridad de las redes 5G, la Comisión examinaría de manera más general la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro en la próxima revisión de la Ley de Ciberseguridad, "a fin de evitar dependencias críticas de proveedores de alto riesgo y reducir el riesgo en nuestras cadenas de suministro de TIC".

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Esta comunicación adelantó el camino al borrador de la Ley de Ciberseguridad que se publicó hace un mes y que determinó la retirada obligatoria de proveedores de alto riesgo (ajenos a la OTAN como China) de las infraestructuras críticas en un plazo de 36 meses.

Una de las principales novedades fue que esta norma -que ahora es de obligado cumplimiento y no una sugerencia como hasta ahora- es aplicable a todas las áreas sensibles de tecnología y no solo las redes 5G como hasta ahora.

Hasta la fecha solo estaban en el punto de mira las operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, Vodafone y MasOrange que mantienen un 30% de sus equipos de redes móviles con Huawei o ZTE.

Contratos públicos

Pero esta nueva ley implica que contratos públicos como el del Ministerio del Interior, y muchos otros en ámbitos como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, pueden estar en riesgo y potencialmente deberían cancelarse o no renovarse.

De hecho, en el caso español es aún más relevante porque los contratos con Huawei ya han sido cuestionados públicamente por la Comisión Europea y ahora por la comisión 'ad hoc' del Parlamento Europeo, dos de las tres instituciones de la UE.

Consejo Europeo

Ahora solo faltaría el pronunciamiento del Consejo Europeo, que reúne a los representantes directos de los Estados Miembro.

Sin embargo, con la coincidencia que hay entre el poder ejecutivo y el legislativo no será difícil ponerse de acuerdo para sacar adelante una norma (la Ley de Ciberseguridad) en la que España sería uno de los países de la UE más afectados, ya que es uno de los que ha hecho menos esfuerzos para desconectar de proveedores chinos en el último lustro.