Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, en el Capital Markets Day (CMD) 2025.

Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, en el Capital Markets Day (CMD) 2025. Telefónica

Tecnología

Telefónica acelera el ERE para lograr un acuerdo antes de que acabe el año y registrar su coste en las cuentas de 2025

El impacto del despido colectivo y las ventas en América Latina provocarán previsiblemente que la compañía cierre el ejercicio con pérdidas contables.

Más información: Telefónica presenta a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en siete filiales en España

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Arranca el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica. La dirección de la empresa y los sindicatos han acordado este lunes iniciar la próxima semana las negociaciones para un nuevo despido colectivo que afectará a siete de las filiales que el grupo de telecomunicaciones tiene en nuestro país.

De esta manera, salvo sorpresa, antes de que acabe el año se conocerá el alcance definitivo del ajuste laboral y Telefónica podrá registrar el coste que tengan estas salidas en los resultados financieros correspondientes al ejercicio 2025, aunque se produzcan ya en 2026.

Esto implica que Telefónica cerrará previsiblemente 2025 con pérdidas contables en términos netos, ya que al impacto que tenga el ERE hay que sumar el derivado de las operaciones de venta de varias filiales en Hispanoamérica que la compañía ha llevado a cabo desde que Marc Murtra asumió la presidencia del grupo en enero.

En los nueve primeros meses del año, Telefónica ya registró unas pérdidas netas de 1.080 millones de euros como consecuencia de las desinversiones en América Latina (Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador). Excluyendo estas operaciones discontinuadas, la compañía ganó 828 millones de euros en ese periodo.

Este impacto negativo se dejará notar también en las cuentas del conjunto del ejercicio 2025, al que habrá que sumar ahora el que genere el ajuste de personal anunciado este lunes y cuyo importe exacto se definirá una vez se conozca el número definitivo de bajas.

ERE de 2024

Todo apunta que el grupo presidido por Marc Murtra seguirá un esquema similar al que empleó con el ERE llevado a cabo hace dos años. En aquella ocasión, la empresa firmó el acuerdo del despido colectivo con los sindicatos el 3 de enero de 2024 y las salidas se ejecutaron en febrero de ese año.

Sin embargo, el coste de alrededor de 1.300 millones de euros que generaron las 3.393 salidas que se produjeron entonces se contabilizó en las cuentas de 2023. Esto provocó que Telefónica cerrara ese ejercicio con unas pérdidas netas de 892 millones de euros.

Una vez dejado atrás el impacto tanto del ERE como de buena parte de su estrategia para salir de América Latina, Telefónica podrá comenzar en 2026 a recoger los primeros frutos de su nuevo plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre y con el que el nuevo equipo directivo busca simplificar la compañía, mejorar su eficiencia e impulsar su crecimiento.

De hecho, el despido colectivo forma parte de las iniciativas en materia laboral contempladas en el plan estratégico para recortar gastos. En conjunto, la suma de todas las medidas (no sólo las que afectan a la plantilla) generarán un impacto bruto de hasta 2.300 millones de euros de ahorros en 2028 y hasta 3.000 millones de euros en 2030.

Mesas de negociación

Telefónica convocó a los sindicatos con representación en la compañía a una reunión este lunes para explicarles los detalles del nuevo plan estratégico y cómo podría afectar a la plantilla. Una cita en la que, como se ha confirmado luego, se esperaba el anuncio de un despido colectivo.

Con la comunicación arrancaba un plazo de hasta 15 días para constituir las mesas de negociación de los distintos ERE, una para cada una de las siete entidades jurídicas afectadas. Sin embargo, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, las dos partes han acordado acelerar los plazos y establecerlas a principios de la semana que viene.

Sede de Telefónica en Madrid.

Sede de Telefónica en Madrid. Diego Radamés Europa Press

En principio, está previsto que la primera reunión de las tres filiales englobadas bajo el paraguas del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), España, Móviles y Soluciones de Informática, se celebre el lunes 24 de noviembre. La de las otras cuatro jurídicas, Movistar+, Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital, tendrá lugar el martes 25.

Será en estos encuentros en los que la dirección de Telefónica detalle a los representantes de los trabajadores cuáles son las "causas objetivas" que le han llevado a tomar la decisión de reducir su plantilla y dé a conocer las primeras cifras de salidas.

De momento, la empresa no ha adelantado su propuesta de afectación, que algunos medios cifran entre 6.000 y 7.000 personas. De hecho, se desconoce incluso el número exacto de personas que trabajan actualmente en las siete jurídicas afectadas, ya que Telefónica cuenta con hasta 32 filiales registradas en España.

En las empresas que forman parte del CEV, se calcula que, tras el último ERE, la plantilla ronde los 12.000 empleados, mientras que en las otras cuatro compañías en las que por primera vez se aplicará un despido colectivo la cifra podría estar entre los 3.000 y 4.000 empleados.

Un mes decisivo

El lunes arranca un plazo de un mes en que las partes negociarán el número definitivo de bajas y las condiciones de las mismas, en las que serán clave factores como la voluntariedad y las indemnizaciones que percibirán quienes salgan de cualquiera de estas siete filiales.

En consecuencia, antes de las vacaciones de Navidad, la dirección y los sindicatos deberán haber llegado a un acuerdo sobre el ERE que permita a la compañía cerrar el año con este asunto resuelto y a los trabajadores tener claridad sobre sus opciones de futuro dentro o fuera de Telefónica.

Y es que los sindicatos quieren que las negociaciones no se limiten únicamente al ERE. También reclaman la apertura "inmediata" de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, con el objetivo de negociar un nuevo texto o una prórroga del actual con mejoras. Además, exigen que tenga una vigencia mínima hasta 2030, el mismo horizonte que el del plan estratégico.