El Gobierno ultima la normativa que obligará a las operadoras de telecomunicaciones a ofrecer un bono social para colectivos desfavorecidos y con pocos recursos, y así garantizar el acceso universal a internet establecido en la Ley de Telecomunicaciones. Un proyecto que en estos momentos se encuentra sometido a audiencia pública.

Según ha podido confirmar Invertia, esta nueva norma requiere la elaboración de un Decreto Ley -en el que se está trabajando en estos momentos- que seguirá a la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones que se espera presentar al Congreso en noviembre.

El nuevo cuerpo legal debería estar aprobado el primer semestre del próximo año, fecha para la que tendría que estar en funcionamiento este nuevo bono social, uno de los compromisos firmados por el PSOE con Unidas Podemos en el pacto de investidura del actual Gobierno de coalición.

Hasta ahora solo existe un bono social que garantiza el servicio de telefonía fija, pero el objetivo es que las operadoras puedan ofrecer un bono para internet y así asegurar la conectividad de todos los españoles, uno de los objetivos del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el plan España Digital 2025.

Se igualaría así la normativa aplicada a colectivos vulnerables en los suministros de agua, luz y gas. De hecho, la nueva Ley -que es una transposición de la normativa europea del sector- establece por primera vez que el acceso a internet debe ser un servicio universal, una disposición que hasta hora solo incluía a la telefonía fija. 

Servicios mínimos

La misma Ley establece los servicios mínimos a los que deben tener acceso todos los españoles con su conexión a internet. Estos son correo electrónico, buscadores, herramientas básicas de formación y educación, prensa o noticias, compra de bienes o servicios, búsqueda de empleo, establecimiento de redes profesionales, banca por internet, utilización de servicios de administración electrónica, redes sociales y mensajería instantánea y llamadas telefónicas o videollamadas en calidad estándar.

Tomando como referencia estos servicios básicos, la Ley establece que "entre las opciones o paquetes de tarifas (de las 'telecos'), deberán figurar un bono social para servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, un bono social para servicios de acceso a una internet de banda ancha que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija y un bono social que incluya de manera empaquetada ambos servicios". Es decir, una oferta con telefonía fija, una con internet y un paquete con pos dos servicios.

Del mismo modo, la CNMC, tras un informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, "podrá exigir la modificación o supresión de las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por los operadores a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, para lo cual podrá exigir a dichos operadores que apliquen limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares".

En todo caso, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá proponer a la CNMC la modificación o supresión de las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por los operadores a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.

Queda por definir -se hará en el Real Decreto posterior a la Ley- cuáles serán los requisitos que deberán cumplir los consumidores que tengan rentas bajas (y cómo de bajas deben ser sus rentas) o necesidades sociales especiales y qué velocidad de internet debe ser la mínima exigida para garantizar determinados servicios básicos. Es decir, que tipo de conexión deberán incluir las operadoras en este bono social. 

Bono social de luz

De momento, la única operadora que ha ofrecido un servicio similar es Orange y sólo para los receptores del Ingreso Mínimo vital. La nueva tarifa social, lanzada hace tres semanas tiene un coste de 14,95 euros al mes, y ofrece a los clientes que la contraten, durante doce meses renovables, acceso a internet con fibra simétrica de 100 megabits por segundo, línea fija con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y una línea móvil con llamadas ilimitadas a fijos y móviles.

Este bono social de internet ideado por el Gobierno se inspira en el que opera en estos momentos en el mercado de la luz. El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz de entre un 25% y un 40%, para consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente, que cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, los beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre cada ejercicio son perceptores automáticos del bono social térmico, dirigido al suministro de gas natural.

Los clientes que demuestren ante su ayuntamiento que no pueden pagar el precio establecido por su compañía, deben acreditarlo ante su consistorio que, a su vez, envía a las operadoras la lista de beneficiarios. El coste de la tarifa, hasta completar el precio normal, es costeado por la administración y por la propia operadora. La compañía paga un 40% de este coste y los ayuntamientos otro 60%.

El número de familias que han solicitado el bono social eléctrico en 2020 supera los 1,3 millones, lo que supone el 7% de los 18,6 millones de hogares que hay en España según el INE.

En el caso de internet hay muchas carencias que mitigar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el tramo de ingresos más bajos (900 euros mensuales netos o menos), el 9,2% de los hogares españoles con niños carecen de acceso a Internet, lo que representa que cerca de 100.000 hogares no pueden conectarse a la red.

Internet para todos

Del mismo modo, la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares, elaborada por el INE en 2019, concluía que entre los hogares con hijos en España había 792.048 sin dispositivos electrónicos y 284.243 sin conexión a internet.

El objetivo del Ejecutivo es que todos los españoles tengan internet en momentos en que se está reforzando el teletrabajo y la educación por internet. Del mismo modo, se quiere asegurar que a corto plazo todos los hogares puedan tener acceso a la telemedicina y a la conectividad en el sentido más amplio de la palabra.