a ministra de Sanidad, Mónica García durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes en Moncloa.
El Consejo de Ministros envía al Congreso la ley de García que veta la gestión privada de los hospitales públicos
El Gobierno aprueba en segunda vuelta el polémico anteproyecto de ley, que ahora se tendrá que enfrentar al Congreso de los Diputados.
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Se trata de la polémica fórmula con la que la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere vetar la gestión privada de los centros públicos, fórmula que aplican comunidades autónomas como Madrid y Comunidad Valenciana.
La aprobación es en segunda vuelta, así que esta misma semana iniciará su camino en el Congreso. Con todo, según indican fuentes del Ministerio de Sanidad, la norma todavía no se ha comenzado a negociar con los grupos parlamentarios.
Si la norma consigue el respaldo de las Cortes, sólo será posible la gestión privada de centros sanitarios públicos (o gestión indirecta) cuando no sea posible la "prestación directa" o "pública".
Además, esta gestión privada debe garantizar la sostenibilidad financiera y eficiencia, así como cumplir los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Para ello, se someterá a una evaluación previa obligatoria para cada caso de gestión privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Dicha evaluación deberá incluir una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria y un análisis de un comité de evaluación para la gestión sanitaria indirecta.
Si la concesión es de servicios, también será necesario un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera.
Excepcional
Sanidad aclara que, con este proyecto, "la gestión indirecta de servicios sanitarios pasa a tener un carácter estrictamente excepcional".
El anteproyecto recoge la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros, independientemente de su modelo de gestión. Además, la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad asesorará técnicamente a las administraciones que deseen recuperar servicios para la gestión pública directa.
Por otro lado, los contratos y concesiones que ya estén en ejecución o iniciados se seguirán rigiendo por la normativa previa al anteproyecto de ley de Gestión Pública hasta su vencimiento. Una vez aprobada definitivamente por las Cortes, la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE