Gavari Properties, socimi de pisos en alquiler para estudiantes, empezará el próximo lunes, 1 de junio, a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde debutará a un precio de 23 euros por acción, que supone valorar la compañía en 8,77 millones de euros, según informó BME.

La socimi, que desafía a la crisis saltando al mercado, es la tercera que se estrena en el MAB en lo que va de año.

Gavari cuenta con una cartera de 153 viviendas, la mitad de otras dos y tres locales, todas ellas repartidas en trece edificios. La mitad (el 53%) de estos activos están situados en Málaga, un 24% en Madrid y otro 24% más en Getafe.

De las viviendas que tiene en esta localidad madrileña, 25 pisos, que suman sesenta habitaciones, se alquilan por habitaciones.

Este parque de viviendas y habitaciones presenta un valor de mercado de 15,60 millones de euros, según el análisis de una firma independiente.

En el folleto explicativo de su salto al MAB, Gavari indica que su estrategia pasa por comprar viviendas que requieran una rehabilitación y en zonas 'non-prime' de núcleos urbanos de grandes ciudades o capitales de provincias de más de 100.000 habitantes.

La socimi tiene el foco especialmente puesto en el "extrarradio metropolitano de Madrid capital y sus municipios limítrofes y de Málaga".

Revisión de alquileres por el Covid

La socimi que preside Juan Merino de Cabo reconoce en el folleto que aún no puede estimar el impacto que la actual crisis ocasionará en la firma y su negocio. No obstante, detalla que está realizando gestiones para afrontar la situación, fundamentalmente con sus inquilinos en lo relacionado a eventuales dificultades para abonar las rentas.

En ese sentido, detalla que, hasta el cierre de abril, había acordado con doce inquilinos de viviendas reducir entre un 30% y 50% la renta durante los meses de abril, mayo y junio, prorrateándose el pago de esa reducción durante los seis meses siguientes.

Además, indica que algunos estudiantes han concluido de forma anticipada su contrato de alquiler, si bien limita el impacto económico de estas cancelaciones dado que, en general estos contratos vencían en mayo o junio, coincidiendo con la conclusión del curso universitario.