Mercado eléctrico
Eléctricas, comercializadoras e industria plantan cara a REE con el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación
El sector eléctrico quiere dar transparencia a los sobrecostes del operador del sistema, Red Eléctrica, desde el apagón, con la operación reforzada.
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Nace el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, una plataforma integrada por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) y la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica (ACENEL).
Tambien la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) y la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y la Confederación de Consumidores (CONSUMES).
Una alianza de eléctricas, comercializadoras de luz, industria y consumidores en general para arrojar transparencia a los sobrecostes que ha supuesto la 'operación reforzada' del operador del sistema, Red Eléctrica (REE), un año después del apagón general del 28 de abril de 2025.
Según han señalado, "en los últimos meses, los costes asociados a la operación del sistema han experimentado un incremento significativo, trasladándose directamente a la factura eléctrica de los consumidores y alcanzando en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía".
Y por eso, "este incremento se ha visto especialmente agravado por la aplicación de medidas extraordinarias como la denominada operación reforzada. Tras el apagón del 28 de abril, el uso de este mecanismo se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas".
Todo ello se traduce "en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía. Por todo ello, se considera urgente adoptar medidas que corrijan estas distorsiones".
En su primer comunicado, el Observatorio ha calculado que en los primeros veintitrés días de abril los consumidores están pagando 23,58 euros/MWh adicionales por la adquisición de su energía eléctrica.
En este periodo, estos costes han superado los 320 millones de euros y en lo que va de 2026, ya alcanzan los 1.800 millones. En muchos días, estos costes son incluso más altos que el propio precio mayorista de la electricidad.
Afecta tanto a hogares como a empresas, en las que tan sólo este sobrecoste puede llegar a alcanzar hasta el 25% del coste de fabricación de bienes.
Y lanzan varias propuestas para reducir estos costes, para mejorar la transparencia y la competitividad de la economía , como más transparencia y desglose de los costes de operación del sistema .
"Es imprescindible que la CNMC refuerce la fiscalización de estos costes, especialmente los de la operación reforzada cuya eliminación generaría importantes ahorros a los consumidores, aliviando de forma directa los costes de producción industrial y liberando capacidad para un uso más eficiente de las renovables".
Asimismo, consideran necesario que "se garantice la publicación de información detallada, periódica y accesible sobre todos estos costes, incluyendo un plan de acción que ponga fecha de fin al uso del modo de operación reforzada".
También proponen "soluciones regulatorias para la financiación de estos servicios y asegurar una recuperación más estable vía costes regulados del sistema eléctrico de manera que se mantenga la financiación de los servicios necesarios, pero sin penalizar a la industria, logrando un equilibrio entre estabilidad de suministro y competitividad industrial".
Otra reforma estructural de la fiscalidad energética, porque "es necesario avanzar hacia un marco fiscal estable y coherente con los objetivos de descarbonización, competitividad industrial y autonomía estratégica".
Piden la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad, y de forma permanente, "evitando la introducción de costes adicionales que encarecen artificialmente la electricidad".
Por último, demandan "coherencia con los objetivos de descarbonización y competitividad . El incremento de estos costes está afectando negativamente a la competitividad de la economía. Es imprescindible alinear las decisiones operativas y regulatorias con los objetivos de reducción de costes, descarbonización y autonomía energética".
