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Observatorio de la Energía

La CNMC abrirá nuevos expedientes por el apagón por incumplimientos de normativa según avance la investigación

La investigación sobre el apagón sigue viva y es susceptible de detectar nuevos "errores, carencias u omisiones" al aplicar la regulación.

Más información: Cani Fernández asegura que nunca hubo un vacío normativo que pudiera afectar al apagón

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Las claves

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La CNMC mantiene abierta la investigación sobre el apagón y podría abrir más expedientes si detecta nuevos incumplimientos regulatorios.

Ya hay 20 expedientes sancionadores en curso, principalmente por infracciones graves atribuidas a Red Eléctrica, Endesa, Iberdrola y Naturgy.

El uso prioritario de renovables y las restricciones técnicas elevaron los costes energéticos, generando sobrecostes de hasta 2.000 millones de euros en 2025.

El incremento en los costes de operación tras el apagón ha impactado directamente en el recibo de la luz de los consumidores.

La CNMC mantiene abierto un periodo máximo de 18 meses en la instrucción de los 20 expedientes sancionadores abiertos por el apagón, en el que la investigación seguirá viva para comprobar si hay más posibles incumplimientos de la normativa y, en su caso, incoar más expedientes.

La presidenta de la institución, Cani Fernández, aseguró este martes en el Congreso que la investigación llevada a cabo hasta ahora ha sido "extensa, intensa y muy compleja". Todo ello para verificar que se incumplieron numerosas obligaciones regulatorias, dentro del cúmulo de factores que provocaron el cero eléctrico.

"Se han detectado indicios que son relevantes en la investigación, pero tampoco sé si estos expedientes serán los últimos o si habrá más si se encuentran otros incumplimientos de ámbito regulatorio", explicó.

En la CNMC, la instrucción en materia energética la lleva la Sala de Supervisión Regulatoria, en la que Cani Fernández no está (preside la otra sala de Competencia y el Pleno). Y ni siquiera desde la presidencia se pueden instar expedientes o investigaciones.

Por lo pronto, la Dirección de Energía tiene autonomía en su actuación. Los errores, carencias u omisiones que pudieron cometerse en los expedientes abiertos están siendo comprobados, para decidir más adelante si son susceptibles de elevarse al Pleno del Consejo de la institución y recibir una sanción, o no.

Pero si se detecta que hay otros aspectos del apagón que pueden ser sancionables, se actuará en consecuencia para comprobar si hubo o no una actuación normal de mercado.

Fuentes empresariales han confirmado que la investigación abierta por la CNMC tras el apagón ha abordado las prácticas que se realizaban en el mercado eléctrico, para aportar energía al sistema o estabilizar la que llegaba de fuentes renovables, desde dos años atrás, incluso más.

Para el supervisor, desde el principio, no se trataba sólo de analizar el minuto exacto anterior y posterior al apagón para ver quién pudo causarlo. Ahora se tiene claro que fueron una multitud de factores que desequilibraron progresivamente el sistema y generaron sobretensión.

Las pesquisas de los técnicos de la CNMC abarcan también la actuación que tuvieron otras plantas generadoras que se pudieron salir del sistema antes de tiempo.

Incluso las consecuencias que pudo tener en otros sectores, como el de las telecomunicaciones, los miles de pasajeros de tren afectados o el golpe en la industria electrointensiva.

No obstante, desde la institución advierten que no todos los expedientes que se pongan en marcha van a tener la misma motivación, intensidad o impacto. Unos serán sancionables pero otros tendrán un "cierre convencional" y quedarán archivados tras comprobar que no hubo actuación irregular punible.

Por ahora, se ha puesto sobre la mesa la infracción "muy grave" del operador del sistema, Redeia, como responsable principal de la planificación y de evitar la caída del sistema. El resto son expedientes por falta grave, que por sí solos no pusieron en riesgo el sistema.

Desde el ámbito empresarial, las más afectadas son Endesa, Iberdrola y Naturgy, si bien sus responsables aseguraron a principio de semana también en el Congreso que las actuaciones en las plantas que se analizan fueron correctas y acorde con lo planificado.

Ajustar los precios

Una de las claves que está sobrevolando la investigación en marcha es el recurso habitual que se hacía para meter energía al sistema por la vía de las restricciones técnicas de mercado, que se generaban por el uso prioritario y masivo de generación renovable (eólica y fotovoltaica sobre todo).

Eran aportaciones extraordinarias que hacían las generadoras y distribuidoras, de forma urgente y a un precio casi de coste, para lo que usaban sobre todo plantas de ciclo combinado, que son las más seguras a la hora de estabilizar la tensión de la red.

El problema es que su generación es mucho más cara que la que se consigue con las renovables, que puede ser cero en meses de menos demanda y más recursos naturales (sol y viento), como abril u octubre.

La producción de los ciclos combinados está vinculada al precio del gas, de forma que se convierte en la forma más cara de generar energía en España, lejos de las renovables y por delante de la nuclear y la hidráulica.

Ese incremento de coste, que llega siempre al recibo de la luz, es muy similar al que se está sufriendo en el último año (tras el apagón) por la aplicación de un procedimiento reforzado, para tener más garantías de que no se caerá de nuevo la red, aunque cueste más dinero.

La propia Red Eléctrica (controlada por Redeia) ha estimado en 666 millones de euros el coste de esa operación reforzada puesta en marcha tras el apagón. Otros estudios independientes lo elevan por encima de los mil millones.

Eso está ocurriendo tras el apagón y se espera que quede reducido cuando se cuente con los estabilizadores de tensión que tendrán las plantas renovables, con la aplicación del nuevo procedimiento operativo 7.4.

Pero antes de que ocurriera el apagón, el coste de la entrada al mercado por restricciones técnicas generó un incremento de entre 1.500 y 2.000 millones de euros en 2025, según las estimaciones de las propias empresas del sector.

Si tenemos en cuenta que las investigaciones de la CNMC han analizado el funcionamiento de ese mercado en los dos últimos años, a medida que se vayan resolviendo los expedientes se podrá comprobar hasta qué punto se actuó de acuerdo con la normativa, o no.