El regalo envenenado de la CNMC a Sara Aagesen: será ella quien decida la sanción a Beatriz Corredor por el apagón

Pero ese proceso lleva un regalo envenenado del organismo que preside Cani Fernández a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen: debe ser su Ministerio el que ponga la posible sanción a Redeia (matriz de Red Eléctrica), si es considerada una de las causantes del siniestro.

Fuentes jurídicas expertas en derecho administrativo aseguran que es el Gobierno, a través del ministerio competente, el encargado de sancionar al operador público del sistema si ratifica que los hechos instruidos por la CNMC así lo aconsejan.

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Competencia se encargará de proponer las correspondientes multas en cada expediente a las empresas que considere responsables, siempre bajo una justificación jurídica razonada y basada en hechos comprobados.

Redeia es una empresa privada y cotizada en bolsa, pero participada en un 20% por el Estado que es quien le encomienda la gestión de operador del sistema eléctrico. El resto del capital son socios institucionales con pequeñas participaciones y free float.

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Fuentes cercanas a la investigación aseguran en el expediente que se ha abierto sobre Red Eléctrica, ha pesado la comprobación de que era habitual que hubiera centrales de ciclo combinado o nucleares como reserva para aportar energía síncrona, que no estaban preparadas para ello.

De hecho, el expediente sobre Redeia es el único que se considera muy grave, frente a los abiertos a las principales eléctricas, que se plantean como infracciones graves, pero "sin riesgo de garantía del suministro o daño grave".

Mientras se establecía un número y capacidad de generación estable suficiente como para paliar las necesidades que pudieran surgir, sin mayores incidencias, no pasaba nada.

Pero el día del apagón, la planificación fue muy justa y las generadoras encargadas de aportar energía no llegaron a frenar las oscilaciones del sistema.

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Los audios publicados en la comisión de investigación del Senado han sido básicos. Demuestran que tanto los técnicos de REE como los de los centros de control de las grandes distribuidoras conocían el riesgo real de apagón que se estaba generando en los meses previos al cero total.

La clave estaba en la introducción de energía fotovoltaica de forma abrupta (sin estabilizadores previos), que generaba oscilaciones y tensionaba el sistema en su conjunto. La aportación de energía estable según los centros planificados (que cobraban por ello) era la clave.

Los informes con recomendaciones de la CNMC y del supervisor europeo Entso-e dejaron claro que el operador del sistema contaba con un procedimiento establecido y los instrumentos necesarios para evitar ese tipo de irregularidades.

De hecho, desde el día del apagón, se ha establecido desde Red Eléctrica un procedimiento reforzado, que ha elevado de forma importante la factura de la luz, pero ha hecho que el sistema funcione con muchas más garantías de estabilidad y seguridad de suministro.

Todos lo sabían

En cualquier caso, las fuentes técnicas consultadas aseguran, desde el punto de vista jurídico, que esa especie de consentimiento tácito sobre los generadores de reserva sin capacidad de reacción, afecta tanto a Red Eléctrica como a los propios operadores privados.

De hecho, esa es una de las cuestiones que, a su juicio, explican la razón general dada por la CNMC para abrir los expedientes.

El organismo asegura que hay “indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente”.

En el seno de la CNMC siempre se ha contado con que había una multitud de factores del apagón y no un sólo origen del incidente.

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Frente a ello, desde Red Eléctrica siempre se ha negado cualquier responsabilidad y se ha querido centrar el origen en las oscilaciones que produjo una sola planta fotovoltaica.

Si finalmente el Ministerio establece una sanción sobre Redeia, daría por válida la investigación llevada a cabo por la CNMC.

Fuentes políticas consultadas aseguran que, en ese caso, quedaría además en entredicho el papel de su presidenta, Beatriz Corredor, muy cercana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.