Redeia y las grandes eléctricas ponen el foco en la CNMC en plena recta final de los expedientes por el apagón

Los últimos audios que se han conocido con las conversaciones entre los técnicos de Redeia (Red Eléctrica) y los centros de control de las grandes eléctricas apuntan a que el riesgo de que todo pudiera caerse era alto. Y tanto el operador como las compañías, lo sabían.

Ambas partes son conscientes de que los expedientes que pueden apuntar a los posibles culpables están ahora en modo informativo. Pero el paso para que sean sancionadores y supongan una responsabilidad civil en demandas posteriores no va a ser fácil de dar.

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Fuentes empresariales que vigilan de cerca el proceso aseguran que llegar a establecer una propuesta de sanción conlleva una investigación exhaustiva por delante, bien fundamentada en parámetros técnicos y con todas las garantías procesales pertinentes para hacer alegaciones y defenderse.

En ese escenario, el poder de los departamentos jurídicos de las eléctricas, acostumbradas históricamente a recurrir una gran parte de las normas regulatorias que establece el BOE, es muy fuerte.

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Es más, algunas de ellas ya han procurado asesorarse con los grandes despachos de derecho de los negocios para afrontar cualquier situación.

No en vano se estima que puede haber hasta 4.000 millones de euros en recursos de damnificados por el apagón en busca de uno o varios culpables que paguen los platos rotos.

No es sólo cuestión de particulares, sino de empresas de todos los tamaños, desde las industrias electrointensivas a los pequeños negocios, que se vieron obligados a parar porque su proveedor no les suministraba energía eléctrica.

Los juristas consultados aseguran que el juez de lo civil que reciba una de estas demandas, irá en busca de quien pudo causar el apagón para valorar los hechos que se le ponen delante.

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Si hay expedientes sancionadores previos en el ámbito administrativo, habrá donde encontrarlos. Si no, será muy complicado. No hay culpa ni pena sin culpable ni delito. Poco pudo hacer un suministrador eléctrico ante una caída total del sistema.

El desenlace final de los expedientes influirá también en el papel que deben jugar en todo este sudoku jurídico las empresas aseguradoras. Tanto las que soportaron los daños causados como las que dan respaldo a las comercializadoras de electricidad y las grandes generadoras.

Redeia bajo presión

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha defendido a capa y espada que la planificación prevista como soporte para aportar energía que estabilizara las oscilaciones del sistema era suficiente. Si hubiera funcionado a tiempo, claro está.

Las compañías que tenían comprometida la generación de energía síncrona están bajo la lupa de todas las investigaciones para comprobar si acudieron en tiempo y forma a la llamada del operador en busca de auxilio para que no se provocara un cero total.

Hacían falta centrales de ciclo combinado, capaces de absorber y estabilizar los desajustes que se producen por la entrada masiva de energías renovables, sobre todo solar fotovoltaica.

Ese es el último asidero al que se está agarrando Red Eléctrica para descargar en lo posible la responsabilidad que le puede caer como responsable final del sistema. Si hubo una plataforma solar que metió oscilaciones más allá de lo asumible, puede tener su grado de culpabilidad.

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Pero fuentes técnicas consultadas aseguran que eso es un punto muy difícil de demostrar, en una debacle que no solo tuvo un causante. Si hay algo claro hasta ahora es que fueron un cúmulo de factores y/o decisiones desacertadas lo que lo provocaron.

Los audios demuestran cómo la central de Arcos de la Frontera y la nuclear de Almaraz eran la base para controlar el sistema en esa parte del suroeste español, que es donde se localiza, por el momento, el origen de las oscilaciones.

Una clave jurídica que apuntan los expertos en derecho administrativo y energético es comprobar si esa supuesta falta de atención de los generadores que debían compensar el sistema (y cobraban por ello) fue puntual o era práctica habitual consentida desde el operador.

Son cuestiones de las que también pueden derivarse responsabilidades a la hora de justificar posibles sanciones administrativas en cada expediente, en caso de que así se decida hacerlo.

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Lo único claro hasta el momento a la vista de los informes de recomendaciones de la CNMC y de la patronal europea de los supervisores, Entso-e, es que Red eléctrica contaba con medios suficientes para evitar el apagón.

Las aportaciones de las plantas solares de golpes de energía sin estabilizar no fue algo puntual de ese día. Los audios demuestran que ya se venían viendo sus efectos desde mucho antes.

Por el momento, las centrales fotovoltaicas ya tienen en marcha un sistema previo de estabilización ("rampa de entrada", en el argot técnico) para no generar esos desequilibrios. A ello obliga el nuevo procedimiento operativo, establecido después del apagón.

Pero antes del siniestro también había un modelo a seguir, se conocían las oscilaciones y se tenían los medios para evitarlas. El procedimiento reforzado que se está aplicando desde aquel malogrado día, que encarece el sistema, deja claro que se cuenta con los medios necesarios para frenar apagones.

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Cargar la culpa sobre Redeia puede suponer incluso una crisis política, dado que quedaría en entredicho la gestión de su presidenta, figura muy allegada a Pedro Sánchez dentro del PSOE.

Dejar sin responsabilidad a nadie también sería muy mal entendido desde la opinión pública.

La comisión de investigación del Senado prepara un informe demoledor para antes de que se cumpla un año del siniestro. Y tanto la presidenta de la CNMC como las eléctricas y los implicados, comparecen en el Congreso antes del día 28. Todo apunta a un final de alto infarto.