Julio César Nieto (Engie), presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE)
ACIE reclama al Gobierno un periodo transitorio para adaptarse al Real Decreto de comercialización eléctrica
Tomando como referencia la Ley 10/2025, con un plazo transitorio de doce meses, pide que el Gobierno incluya un plazo similar en este Real Decreto.
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La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha solicitado al Gobierno que el nuevo Real Decreto por el que se aprueba el reglamento general de suministro y contratación de comercialización de energía eléctrica incluya un periodo transitorio de adaptación, para que las empresas puedan hacer frente a la nueva norma sin riesgos de incumplimiento.
En un comunicado, la asociación ha considerado que la entrada en vigor inmediata de la norma -o su exigibilidad al día siguiente de su publicación- "resultaría materialmente imposible de cumplir por las comercializadoras".
"Especialmente para aquellas con menor estructura organizativa o tecnológica, generando una situación de inseguridad jurídica y un riesgo elevado de incumplimientos no voluntarios desde el primer momento de aplicación".
En concreto, el proyecto introduce un conjunto amplio y relevante de nuevas obligaciones para las empresas comercializadoras.
Afectan, entre otros aspectos, a los procedimientos de contratación, a la información al consumidor, a la documentación contractual y a los sistemas internos de facturación, gestión, control y atención a la clientela.
El presidente de ACIE, Julio César Nieto, ha afirmado que el nuevo proyecto de Real Decreto introduce cambios muy relevantes para la actividad de las comercializadoras, "afectando desde la contratación hasta la atención al cliente, pero no contempla ningún periodo de adaptación".
"Siguiendo el precedente de la Ley 10/2025, que estableció un plazo transitorio de doce meses para garantizar una implementación ordenada, consideramos imprescindible que el Gobierno incluya un plazo similar en este Real Decreto. Solo así las empresas podrán ajustar sus procesos y sistemas de manera efectiva, asegurando el cumplimiento de la norma y evitando riesgos de inseguridad jurídica desde el primer día de aplicación", ha asegurado.
Asimismo, la asociación ha defendido que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debería abrir un nuevo trámite de audiencia pública ante los cambios introducidos respecto al texto sometido a información pública en julio de 2024.
